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publicado el 16 de NOVIEMBRE de 2009

Expertos reclaman restringir la excesiva actividad legislativa urbanística para evitar la inseguridad jurídica

El conseller de Mobilitat dice que la nueva ley del suelo balear contribuirá a corregir los excesos en el desarrollo urbanístico Las jornadas, organizadas por la Unión de Arquitectos, Peritos y Forenses de España, ponen de manifiesto la necesidad de potenciar la participación ciudadana Restringir la excesiva actividad legislativa en materia urbanística dada la inseguridad e incertidumbre jurídica que general es una las principales conclusiones que los expertos han puesto de manifiesto el sábado pasado en la clausura de las VII Jornadas CGPJ – CSCAE que, bajo el lema “Ley de Suelo, ordenación territorial, urbanismo y valoraciones”, y organizadas por la Unión de Arquitectos, Peritos y Forenses de España, se han celebrado desde el pasado día 12 de noviembre en Palma con la participación de 300 técnicos especialistas y juristas. Al acto de clausura asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Terresa; el Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears, Gabriel Vicens; el recién nombrado presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Jordi Ludevid i Anglada; el decano del Col•legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears; Luis Corral, y el presidente de la Unión de Arquitectos y Peritos Forenses de España, Carlos Alvira Duplá. Con anterioridad, la directora del Directora general de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda, María Rosario Alonso, pronunció una conferencia que versó sobre el desarrollo reglamentario de la Ley del Suelo 2/2008. El conseller de Mobilitat, Gabriel Vicens, reafirmó en su discurso el papel de la ordenación territorial como función pública, en la que debe darse l primacía del interés general frente al privado. En referencia a los últimos casos de corrupción urbanística, Vicens abogó por una mayor participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías como garantes de la transparencia en los procesos de desarrollo y transformación urbanística. “Los excesos urbanísticos han puesto en evidencia la desconexión entre las previsiones del planeamiento territorial y las necesidades reales de la población”, dijo. Tachó de “triste privilegio” el hecho de que Balares fuera la única comunidad autónoma sin una ley autonómica del suelo, si bien aseguró que el proyecto de ley es “completo y riguroso”, al tiempo que auguró que la nueva normativa territorial contribuirá a corregir el desarrollo urbanístico en un país que tiene el territorio como su principal activo. Por su parte, el presidente del CSCAE, Jordi Ludevic, reiteró en la clausura el compromiso de colaboración de la arquitectura con la administración de justicia y apostó por la formación continua de los profesionales para afrontar los retos del futuro. El comité científico de estas jornadas también ha concluido que “la legislación, con independencia de su ámbito, debe consagrar principios claros e invariables, que en modo alguno admitan su elusión o desnaturalización mediante desarrollos normativos que acaben por tergiversarlos o, incluso, eludirlos por la vía de la excepción”. También se recoge en las conclusiones la preocupación por los delitos contra el urbanismo, el medio ambiente, y el patrimonio arquitectónico, e insta a las administraciones para que “utilicen todos los medios necesarios que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos, y hacer viable el restablecimiento de la legalidad urbanística”. En este sentido, los expertos creen necesario “clarificar las contradicciones en la aplicación de los artículos 316 y 317 del Código Penal y superar la descoordinación en la investigación con la intervención de peritos expertos y respetando en todo caso el principio de mínima intervención del Derecho Penal, tanto en materia de seguridad y salud como en cuestiones medio ambientales o de ordenación del territorio”. “Es imprescindible –señalan-, que en el desarrollo reglamentario previsto se clarifiquen los aspectos técnicos que en el redactado de la Ley pueden originar interpretaciones dispersas o confusas. A estos efectos, es urgente poder disponer de la norma reglamentaria a la mayor brevedad”, en referencia al reglamento de la Ley del Suelo 2/2008 aún pendiente de aprobar. En estas séptimas jornadas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se ha puesto de manifiesto la necesidad de preservar y potenciar la participación ciudadana en todos aquellos procesos urbanísticos que, de modo directo o indirecto, conlleven una afectación a sus intereses. Esta iniciativa ciudadana, según se plasma en las conclusiones, “dotará de una mayor transparencia a los procesos urbanísticos en unos momentos en los que la desconfianza e inquietud de los administrados es creciente. En este ámbito, se quiere recordar la importancia que puede tener el ejercicio de la acción pública”. Asimismo, el comité científico de estas jornadas urge a que “se sienten las bases precisas para que se lleve a efecto una unificación terminológica que clarifique la totalidad de la normativa aplicable en el Estado, con independencia de su ámbito territorial. Resulta imprescindible alcanzar una unificación semántica con relación a conceptos fundamentales objeto de regulación, especialmente en el ámbito autonómico. En definitiva “es precisa una refundación del urbanismo volviendo a los antiguos principios (salubridad y calidad de vida, entre otros) recuperando la trascendencia como motor de actividades humanas de la ciudad compacta tradicional”, finaliza el escrito de conclusiones”.