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publicado el 20 de NOVIEMBRE de 2009

Expertos denuncian que las ordenanzas cívicas aprobadas por distintos ayuntamientos españoles criminalizan y aumentan la fragilidad social de las personas que ejercen la prostitución callejera

Frente a las medidas “policiales” o de “orden público”, abogan por la adopción de políticas sociales que den la respuesta adecuada a este colectivo” “Con el pretexto de la prevención y/o con la excusa de procurar una mejor convivencia y uso público de los espacios públicos”, las ordenanzas de civismo y convivencia que en los últimos años han aprobado distintos ayuntamientos españoles, como Barcelona o Calviá, y que sancionan el ejercicio de la prostitución en la calle han “contribuido” de forma notable a la “estigmatización y la criminalización” de las trabajadoras sexuales, un colectivo ya de por sí “muy frágil socialmente”. Esta es una de las conclusiones en las que coincidieron los expertos que participaron en la mesa redonda sobre prostitución callejera que organizó la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares con el objetivo de promover una reflexión colectiva que permita ofrecer una respuesta jurídica y social adecuada a la realidad de las personas que ejercen la prostitución en la calle. De hecho, los letrados de la Comisión entienden que es preciso actuar con “decisión y creatividad” y proporcionar alternativasa un colectivo, en el que se constata un “importante déficit de derechos”, una situación agravada por el hecho de que la mayor parte de las personas que ejercen la prostitución son inmigrantes en situación administrativa irregular. Así, tanto el abogado Jaume Asens, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, como Mercè Meroño, miembro de la organización Àmbit Prevenció y Jaume Perelló, pedadogo e investigador de la Universidad de les Illes Balears, coincidieron en denunciar que los “discursos de tolerancia cero” latentes en dichas ordenanzas municipales, “lejos de buscar soluciones al fenómeno de la prostitución”, se han manifestado “absolutamente ineficaces”, y contribuido a aumentar el riesgo de marginación y de exclusión social de las personas que ejercen la prostitución en la calle. Estos expertos abogan, por el contrario, por tratar la prostitución desde la perspectiva de “políticas sociales decididas” que, en palabras del abogado Jaume Asens, consideren a las trabajadoras, “como víctimas, antes que como delincuentes”. “La prostitución en la calle no se puede abordar ni atajar con medidas policiales o de orden público”, aseguraron los expertos. Lo que se necesita es una política de carácter social que considere a estas personas como sujetos con derechos, y la búsqueda de alternativas para aquellas personas que deseen abandonar la prostitución, una realidad en la que, aseguró la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de las Islas Baleares, Fina Santiago, “tan sólo entre un 3 y un 5% se encuentran de forma voluntaria”. La consejera añadió que ante los diversos posicionamientos con que sociedad y administración pública pueden plantearse el fenómeno de la prostitución – abolición, legalización, mantenimiento de la actual situación o regulación”, el Gobierno de las Islas Baleares sugiere la reglamentación de la actividad, un proceso que “siempre debe partir - dijo- “de la consideración de que se trata de un problema provocado por la desigualdad y en el que siempre hay detrás pobreza y marginación”.