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COMUNIDAD LEGAL
Los expertos del CGAE lamentan que se haya desaprovechado la ocasión de elaborar una norma capaz de responder a la actual realidad migratoria
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, tras la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Extranjería, quiere destacar que el texto final, aunque ha experimentado mejoras, mantiene aspectos que inciden negativamente en el respeto de algunos derechos fundamentales de la persona. Entre las mejoras que el trámite parlamentario ha introducido en su articulado, la Subcomisión de Extranjería quiere destacar las siguientes: • La redacción del contenido de algunos derechos fundamentales como los de asociación, sindicación y huelga resulta más ajustada al mandato y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; • Una redacción final del art. 22 referido al derecho a la asistencia jurídica gratuita, tras las enmiendas introducidas en el Senado, que pudiera salvar el contenido inconstitucional que presentaba el texto original; • La regulación de la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo y los supuestos de modificación de las mismas; • El establecimiento de mecanismos de protección en las situaciones de violencia de género, colaboración contra redes organizadas y, muy significativamente, la de las víctimas de trata de personas; • El reconocimiento de la capacidad de obrar de los menores no acompañados en los procedimientos de repatriación; • El papel integrador que deben jugar las Administraciones Públicas, incluidas las autonómicas y las locales; • La exigencia de motivación de los visados de estancia y ligeras flexibilizaciones en el régimen de inadmisiones a trámite, y el acceso de las ONGs a los centros de internamiento y la creación de un “Juzgado de Vigilancia” de estos centros. Sin embargo, en opinión de los expertos de extranjería del CGAE, “el texto diseñado continúa orientado más al clásico control de entradas o control de fronteras que a la adopción de medidas integradoras”. Los miembros de la Subcomisión tachan de “desafortunado” que el texto no recoja de manera adecuada el fundamental principio de “igualdad y no discriminación”, que, en su opinión “debe vertebrar cualquier régimen de extranjería en un Estado de Derecho, respetuoso con los Derechos Humanos de todos”. Para la Subcomisión el texto “se halla excesivamente inclinado en la aplicación de conceptos meramente mercantilistas de las migraciones”. Aspectos negativos La Subcomisión quiere recordar que en la nueva Ley de Extranjería permanecen aspectos que inciden negativamente en el respeto de algunos derechos fundamentales de la persona. Entre ellos destacan: • Es de lamentar que se haya aprovechado la adecuación del texto legal a la jurisprudencia constitucional respecto de algunos derechos para (en una especie de negativa balanza, que siempre se inclina contra el otro, el extranjero) cercenar el contenido de otros derechos; ello sucede sobre todo en los recortes al derecho a la reagrupación familiar, al acceso al padrón, a la vivienda, entre otros. • No se ha alcanzado la regulación expresa del derecho de los menores no acompañados a la asistencia letrada en los procesos que puedan llevar a su “repatriación”. • Una incorrecta interpretación de las medidas de control de la inmigración irregular ha llevado a la incorporación de nuevos supuestos sancionadores que pueden percibirse como un paso más hacia la criminalización de las personas inmigrantes en situación irregular y su esfera sociofamiliar. • La ampliación de hasta sesenta días, un cincuenta por ciento más que en la actualidad, del internamiento sigue pareciendo excesivo pues va más allá incluso de lo que se permite en casos de extradición penal por los tratados internacionales para personas delincuentes. Junto a ello, sí debemos subrayar como mejora destacable en el nuevo texto que ya, en ningún caso, se podrá ampliar el plazo de internamiento más de 60 días, cosa que desgraciadamente se barajó en la tramitación de esta Ley. • La regulación del derecho relativo a la educación y el acceso a becas y ayudas sigue incumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional, discriminando a los extranjeros no residentes mayores de edad, obviando la vinculación entre educación e inclusión social. • La limitación de la reagrupación familiar de los progenitores mayores de sesenta y cinco años y el establecimiento del requisito de residencia de larga duración del reagrupante no favorece el marco familiar en que debe producirse la integración social de los extranjeros y, por otra parte, parece contravenir el tenor de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de Septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación. • El cumplimiento del principio de proporcionalidad en los procedimientos sancionadores debe tener su plasmación tanto respecto de las cuantías y grados de las sanciones como de la elección de los procedimientos procedentes, preferente u ordinario, para aplicarlas, aspecto éste último en el que la Ley sigue dejando demasiado margen a la práctica habitual de los agentes policiales de optar de forma casi automática por el procedimiento preferente. • La no previsión de “vacatio legis” volverá a provocar una caótica situación en la tramitación de los procedimientos hasta la aprobación del nuevo reglamento de extranjería. Para los expertos de extranjería del CGAE “el proceso de reforma hubiera debido servir de escenario de reflexión a todos los estamentos implicados en la regulación de la situación jurídica de los extranjeros en España, para desarrollar un Derecho de Extranjería, con vocación de permanencia y estabilidad -sea cual fuere el partido en el gobierno del Estado-, con la persona como centro de su regulación y con la firme voluntad de reconocer y garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes”. La Subcomisión de Extranjería del CGAE augura un “corto recorrido” al texto aprobado ya que, en su opinión, “el reto actualmente de las políticas migratorias no es precisamente el control de las entradas o control de fronteras, de ello ya se está encargando la coyuntura socioeconómica”. Para la Subcomisión del CGAE, “el verdadero desafío de las políticas migratorias está en la capacidad de las sociedades europeas para regular adecuadamente la llegada de personas y principalmente la convivencia entre personas de muy diferentes orígenes y procedencias geográficas y culturales que se encuentran ya presentes en el territorio español y europeo, que en muchos casos permanecen desde años y han venido para quedarse”. Los expertos en extranjería del CGAE lamentan que “estemos ante una nueva ocasión fallida” que, en su opinión, “nos coloca ante el compromiso de trabajar por la elaboración de una norma que sea capaz de responder a la actual realidad migratoria y a los retos que todo ello comporta, especialmente en el ámbito de la integración”.
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