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publicado el 03 de DICIEMBRE de 2009

La protección de las creaciones intelectuales, a debate

Expertos aseguran que la falta de unanimidad jurisdiccional y la conciencia social en la forma de acceso a los contenidos digitales favorecen la reproducción indiscriminada de obras. Hay optimismo con la Ley de Economía Sostenible en esta materia Cada vez es más complicado el escenario por el que atraviesa la distribución y descarga de las creaciones intelectuales a través del mercado telemático. Por ello, expertos en propiedad intelectual han participado en una mesa redonda organizada por El Derecho Editores y la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI), y la Federación para la Protección de Propiedad Intelectual (FAP) que, bajo el título “Pasado, presente y futuro en la protección de las creaciones intelectuales”, ha intentado generar un foro de encuentro e intercambio de opiniones para extraer a modo de conclusiones un programa de soluciones donde se garantice la salvaguarda de los derechos de autor contemplados en la legislación vigente. En este sentido, José Manuel Tourné, Director General de la FAP, comenzó el debate aseverando que la falta de rigor en la aproximación a la propiedad intelectual evidencia que no existe una voluntad unánime, por parte de las instituciones, de protegerla. “No hay una unificación de doctrina entre las salas o los fiscales, y aunque la Legislación existe, la falta de rigor en el análisis del problema está provocando una verdadera defenestración de la propiedad intelectual en detrimento de los derechos legítimos del dueño de la obra”, añade. Además, Tourné quiso resaltar la actitud del Gobierno al incluir medidas muy concretas para proteger la propiedad intelectual reformando la LSSI y el TRLPI, todo ello desde la Ley de Economía Sostenible. En su parecer, “el Gobierno está dando un paso muy importante tras el anuncio hace algunas semanas de que existía un problema con la protección de la propiedad intelectual y que pondría en marcha la creación de una Comisión para estudiar las posibles soluciones”. Una falta de unanimidad que apuntó también Joan Navarro, Director de la coalición de creadores e industrias de contenidos audiovisuales (La Coalición), al señalar que no sólo se detecta esa falta de avenencia y de claridad jurídica en los estamentos jurisdiccionales, sino también en el propio marco de la sociedad. Si bien la tecnología ha cambiado las reglas del mercado e Internet ha provocado distintas formas de percibir cómo se contempla la sociedad, existe una corriente conservadora cuando se habla en términos de copia intangible, como si predominara el concepto de que la propiedad de las ideas carece de valor. En su opinión, “En España, la propiedad intelectual sí está bien definida en las leyes, la discusión se centra en si es o no ilícito poner a disposición del consumo masivo y de forma indiscriminada las creaciones intelectuales a través de programas P2P; y lo razonable es pensar que instrumentos que se crean para difundir masivamente obras sin permiso de sus autores no son legales”. Un problema que para Ibán Díez, de Gómez Acebo & Pombo, se resume en el convencimiento muy asimilado que tiene la sociedad, de que todo los contenidos de la Red, por el hecho de poder acceder a ellos, son gratis. Para el abogado de Gómez Acebo & Pombo la digitalización de los contenidos ha tenido dos efectos en la industria cultural: por una parte, ha sido una debilidad y amenaza para la reproducción exacta y difusión masiva de obras electrónicas pero por otra, es una oportunidad para generar nuevos modelos de negocio. Asimismo, “el marco legal existente “ahora no es el más adecuado para combatir una amenaza como la reproducción indiscriminada de obras”. Por su parte, José Carlos Erdozaín, Gerente de la Fundación AISGE, llamó la atención sobre tres áreas de absoluta importancia en relación con la cuestión debatida: en primer lugar, es necesario esforzarse en lograr una mejor educación de la ciudadanía en general sobre el respeto a los derechos de la propiedad intelectual, y lograr una conciencia de que las bajadas no autorizadas de material protegido en la red no es legal y atenta contra un derecho de propiedad ajeno. En segundo lugar, es necesario que las entidades de gestión actúen más efectivamente en la difusión de ese mensaje. Sin embargo, esta labor puede que tenga en la práctica un escollo difícilmente insalvable, que consiste en la mala imagen que tienen en ciertos sectores de la ciudadanía, que incluso las han llegado a estigmatizar, cuando realmente cumplen una labor de defensa de la propiedad intelectual que les viene atribuida por Ley. En tercer lugar, en referencia a si son necesarias nuevas herramientas legales con las que perseguir las infracciones de propiedad intelectual, cree el ponente que posible y razonablemente no. Sobre la idea de concienciación social quiso hacer hincapié Ángel López de Garrigues, pues lo considera “una batalla perdida”. Esto entronca con la idea de que la falta de conocimiento técnico a la hora de legislar y de aplicar las leyes de protección de propiedad intelectual. Según el abogado de Garrigues, “estamos ante un desconocimiento profundo del medio, la tecnología avanza a pasos agiganta dos, ya que Internet no sólo avanza en cuanto a formas de piratería, sino a todas las escalas, provocando resoluciones contradictorias en las audiencias provinciales”. Por último, el magistrado José Manuel Suárez Robledano, quiso apuntar que el consumidor percibe como original algo que no lo es, por lo que no duda en utilizar la vía ilegal para suministrase de contenidos. Asimismo, el fenómeno de Internet ha derogado todos los convenios de leyes internas en España, a diferencia de otros países, en los que no se produce una exhibición pública de material pirateado. “En España hacen falta medidas de carácter legislativo y ha de ser consciente de que aquellas han de ir en sintonía con los compromisos internacionales establecidos, es decir, en la defensa social de la propiedad intelectual”. La tertulia también se refirió a los sistemas anonimizadores de la Red un camuflaje que puede convertirse en problema dependiendo del uso que el usuario haga de ellos, por ejemplo, si se usan para favorecer las descargas, y de que Internet tiene que garantizar la misma seguridad jurídica que cualquier otro medio físico para que se invierta con calidad. Esta tarea, según todos los integrantes de la mesa, ha de ser liderada por el Gobierno, a través de la creación de herramientas que protejan las creaciones de carácter personal.