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Políticos expertos en Extranjería reivindican en el ICAV un debate sobre el modelo migratorio en España
publicado el 24 de MARZO de 2010

Marta Torrado, vicesecretaria de comunicación del PP y concejal de Bienestar e Integración del Ayuntamiento de Valencia: “Las autonomías y los ayuntamientos son quienes realmente desarrollan las políticas en materia de integración de los inmigrantes. El gobierno central lo único que hace es traspasar automáticamente su responsabilidad”.
Carles Campuzano, diputado de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados: “Debemos plantearnos qué modelo migratorio quiere España cuando superemos la crisis económica”.
José Antonio Moreno, abogado de Comisiones Obreras experto en Extranjería: “El tiempo de la ‘solidaridad’ con la inmigración ha terminado, ahora es el tiempo de la convivencia, algo más complicado porque significa respetar la diferencia y la diversidad de valores”.

Ilustre Colegio de Abogados de ValenciaRepresentantes de grupos políticos y sindicales se han dado cita en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) para debatir la nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado mes de diciembre de 2009. Moderada por la diputada de Extranjería del ICAV Rebeca Lino y el presidente de la Sección de Extranjería del colegio, Francisco Solans, la mesa redonda se enmarca dentro del Ciclo de formación para abogados en materia de Extranjería que organiza periódicamente el Colegio de Abogados de Valencia. En el debate se ha analizado desde el punto de vista político los aspectos positivos y negativos de la nueva ley, así como sus futuras consecuencias en el tratamiento del colectivo inmigrante en España.
La vicesecretaria de comunicación del PP y concejal de Bienestar Social e Integración en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, ha criticado la nueva ley por cuanto que “consagra el modelo anterior de ‘papeles para todos’”, y señala como puntos negativos la “indefinición del modelo de inmigración que quiere nuestro país cuando el resto de Europa sí lo ha hecho, la ausencia de acciones contundentes contra las mafias que trafican ilegalmente con personas, el estancamiento del fracasado problema de retorno voluntario, la aplicación del arraigo a los irregulares tras 2 ó 3 años de estancia ilegal en nuestro país o la escasa mención de políticas de integración para los inmigrantes”. “La nueva ley es un parche a una política fracasada”, explica Marta Torrado.
La edil ha incidido, además, en que el fenómeno migratorio tiene una dimensión “especial” en la Comunitat Valenciana, ya que es una de las autonomías que más inmigración ha absorbido en los últimos años. “Sólo en la ciudad de Valencia hemos pasado de 5.000 extranjeros en 1991 a 123.000 en 2009. No sólo es significativo el alto porcentaje de población extranjera, sino también la rapidez con que se ésta se ha incrementado”, explica Marta Torrado, y denuncia: “a pesar de este aumento, el Gobierno central ha reducido en un 30% los fondos para inmigración y ha recortado en 3.000 millones de euros las partidas para el desarrollo de políticas migratorias por parte de los ayuntamientos. El esfuerzo de medios técnicos y humanos que hacen las administraciones locales para ofrecer servicios públicos de empleo, de sanidad o educación exige una coherencia presupuestaria”.
El diputado de Convergència i Unió (CiU) Carles Campuzano ha explicado que la sociedad española “puede sentirse razonablemente satisfecha” de cómo ha encajado la realidad migratoria, y que el mérito es “del sentido común de la ciudadanía y del esfuerzo de la sociedad civil, a través de sindicatos y organizaciones, así como de las administraciones autonómicas y locales”. El diputado ha apuntado que el verdadero reto al que se enfrenta España ahora es solucionar los problemas de una sociedad mucho más diversa y con altas tasas de desempleo. Carles Campuzano ha criticado que, a pesar de este cambio de coyuntura, el nuevo texto sigue siendo continuista con el modelo de inmigración que tiene España desde el año 1985. “Nuestro modelo migratorio es eminentemente laboral, es decir, depende del mercado de trabajo como principal vía de acceso. Este modelo se mantiene en la ley actual, cuando dicho texto debería adecuarse al nuevo escenario. Deberíamos plantearnos: ‘cuando pase la crisis, ¿qué modelo migratorio queremos?’. Aun así, creemos que es positivo que se incorpore por primera vez principios y alusiones a la integración social de los extranjeros”, matiza Campuzano.

Nuevo escenario migratorio
El abogado de Comisiones Obreras José Antonio Moreno, experto en Extranjería, ha elogiado la capacidad española para absorber en un corto período de tiempo el gran contingente migratorio, y ha afirmado: “Europa nos mira con admiración en materia de Extranjería, porque lo que otros países han hecho en décadas nosotros hemos sabido hacerlo en menos de 10 años. El balance del tratamiento del fenómeno inmigratorio en España es positivo, es un éxito social, un éxito laboral y un éxito económico, pero un auténtico fracaso político porque no ha habido ningún cambio de enfoque en la política migratoria desde 1985”, declara José Antonio Moreno.
Este experto apunta que actualmente nuestro país vive un panorama distinto a otras etapas en materia de inmigración. “El tiempo de la ‘solidaridad’ con los inmigrantes se ha acabado. Ahora nos toca convivir, que es mucho más complicado, porque significa respetar la diferencia y la diversidad de valores”, subraya el abogado de Comisiones Obreras, que ha criticado la nueva ley por ser “inorportuna e insuficiente, cuando debería ser una ley integral”. “Nuestro modelo migratorio es un modelo laboralizado, en el cual los inmigrantes acceden a través del mercado de trabajo. La crisis ha demostrado ahora que nuestro modelo productivo debe cambiar. Si el modelo productivo cambia, cambiará el mercado de trabajo y, por tanto, cambiará también el modelo migratorio. Los poderes públicos deben prever ese futuro escenario”, explica José Antonio Moreno. “La nueva ley ha perdido la oportunidad de crear un debate para establecer las bases de un nuevo modelo migratorio a medio o largo plazo, no tan pendiente de controlar las entradas de nuevos inmigrantes sino más bien del ‘asentamiento’ de los que ya están aquí. Según el INE, de los 5,6 millones de extranjeros empadronados en España, el 62% viven más de 5 años aquí, por lo que hablamos de un cambio sociológico”, reitera el abogado de Comisiones Obreras.
José Antonio Moreno explica además que algunos aspectos positivos de la nueva ley son el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes a la huelga y a la sindicación, y considera que todos los trabajadores, también los irregulares, deben tener derecho a prestaciones por desempleo. “La Organización Internacional del Trabajo recomienda expresamente que las consecuencias del desempleo deben ser las mismas independientemente de la procedencia y situación del trabajador”, declara este experto.



 
 

 

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