Abogados de Baleares animan a la sociedad a sumarse a la plataforma “Otro Derecho Penal es Posible”

publicado el 25 de JUNIO de 2010

Apuesta por un sistema penal que proteja los derechos de reparación de las víctimas y al mismo tiempo, potencie la resocialización, disminuyendo el ingreso de las personas en la cárcel cuando sea innecesario. La Sección de Derechos Humanos del ICAIB ya denunció en su día su preocupación por las “tendencias regresivas” y “utilización electoralista” del derecho penal La sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha animado a los ciudadanos, instituciones y organizaciones de las Islas a sumarse a la plataforma “Otro derecho penal es posible”, con la que centenares de ciudadanos y profesionales del mundo jurídico abogan por la humanización del derecho penal. ¿Por qué en España hay cada día más presos si no hay más delincuencia? Esta es una de las preguntas formuladas por el magistrado Ángel Luis Ortiz, ex responsable del Área de Justicia y Prisiones en la Oficina del Defensor del Pueblo, durante el acto de presentación de la citada plataforma que se celebró en la sede del ICAIB. Ortiz encontró la respuesta a esta pregunta en dos causas: por un lado, “la forma de cumplir la pena privativa de libertad”. Por otro, “la expansión del sistema penal” que ha registrado nuestro país en los últimos años con la aprobación de, entre otras, la ley de cumplimiento íntegro de penas, la que modifica la duración de las penas en el código penal, o las modificaciones experimentadas por dicho código en materia de seguridad vial. En un encuentro previo con los medios de comunicación, Ortiz censuró que los grandes partidos dejen llevarse por el llamado “populismo punitivo” y “ a la mínima de cambio” realicen propuestas de endurecimiento de las penas, “como si la panacea estuvieran en las penas de prisión”. Este es precisamente uno de los muchos mitos que rodean el derecho penal en España y que se propone desmontar la plataforma “Otro derecho penal es posible”. Una iniciativa que apuesta por un sistema penal que proteja los intereses de reparación material y emocional de las víctimas y al mismo tiempo, potencie la resocialización, disminuyendo el ingreso de las personas en la cárcel cuando sea innecesario. TENDENCIAS REGRESIVAS Y USO ELECTORALISTA DEL DERECHO PENAL Los postulados de la plataforma coinciden plenamente con la denuncia realizada en el informe anual que presentó en 2009 la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares, en el que ya se denunciaba la existencia de “tendencias regresivas en el campo del derecho penal”, y se advertía que en España, la política criminal se sustenta cada vez más sobre discurso de la seguridad y del miedo, antes que sobre el discurso de las garantías. Para los letrados de dicha sección, el hecho de que se confíe toda prevención de la delincuencia a las penas privativas de libertad es una percepción “socialmente ingenua” pues está demostrado que las reformas del Código Penal basadas en el aumento de las penas privativas de libertad y/o en su cumplimiento íntegro no han disminuido los niveles de reincidencia. Especial referencia en este sentido realiza la Sección de DDHH a la progresiva multiplicación de los tipos penales que llevan aparejadas penas privativas de libertad de corta duración, que, en muchos casos – se dice- superan los límites socialmente útiles asociados a este tipo de penas, por lo que “en general, presentan más inconvenientes que ventajas”. “Al ciudadano le parece que el problema acaba cuando el autor ha ingresado en prisión – aseguró el abogado Antoni Vicens. Pero nadie parece preguntarse por los costes económicos, los costes sociales, los costes en seguridad y los costes en derechos y garantías” que generan los ingresos carcelarios de corta duración que no se adecuan a la naturaleza del delito, ni por las consecuencias de la estigmatización social del individuo. Motivos todos ellos, por los que los abogados abogan por la aplicación, para determinados delitos, de penas alternativas a la prisión, y por “recuperar la confianza en el derecho penal de garantías, que es un derecho eficaz”. Los letrados observan “con disgusto” que “la argumentación ética del discurso político ha ido cediendo frente a argumentaciones basadas en el miedo” y denuncian una “utilización electoralista de la política criminal”, que, dicen, “opta por medidas populistas en detrimento de los presupuestos éticos del derecho penal garantista y en detrimento de la eficacia real de las medidas adoptadas en el control efectivo de las tasas de criminalidad”