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El Colegio de Abogados de Baleares lamenta los recortes presupuestarios en la prestación del servicio del turno de oficio y la asistencia letrada al detenido
publicado el 30 de JUNIO de 2010

El Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) quiere manifestar públicamente su preocupación por los recortes presupuestarios que se avecinan y que, de hecho, empiezan a plantearse en la prestación del servicio del Turno de Oficio (TO) y Asistencia Letrada al Detenido (ALD).
El incremento, en casi un 30% del volumen de asistencias realizadas por los abogados del TO y ALD (colectivo que, de hecho, garantiza la orientación jurídica y el acceso al beneficio de la justicia gratuita de los ciudadanos sin recursos), así como la dispersión y multitud de centros a los que los letrados deben acudir para prestar asistencia, fueron los motivos por los que la Junta de Gobierno del ICAIB solicitó al Ministerio de Justicia, ya en el año 2009, la ampliación del servicio de guardia con ocho letrados más para su distribución en los partidos judiciales con mayor volumen de trabajo.
Sin embargo, en carta firmada el 16 de junio de 2010, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, notifica el rechazo del Ministerio a la petición cursada por el ICAIB, en consideración al “actual marco financiero” y al hecho, se asegura, que la media de asistencia en Baleares no alcanza el máximo establecido para autorizar la ampliación reclamada.
A esta circunstancia debe añadirse que la Administración aún no ha contestado a la petición de refuerzo realizada por el ICAIB en abril de este año para aumentar con dos letrados más (uno en Manacor y uno en Ibiza) el servicio de guardia durante los meses de verano, temporada en la que aumenta de forma notable la población ocasional y, en consecuencia, la posibilidad de casos con incidencia penal. No obstante, el Colegio confía en que, finalmente, y tal y como se ha hecho en los últimos años, el Ministerio autorice el refuerzo estival del servicio.
Por todo ello, el decano del Colegio de Abogados, en aras de recabar apoyo institucional y de formular posibles propuestas conjuntas de solución, remitió un escrito a los responsables de los juzgados y tribunales de Baleares, así como a la Fiscalía, policías locales y cuerpos de Seguridad del Estado exponiendo la situación. Una situación que se ve agravada por la dispersión de los centros donde se prestan las asistencias que hace muy difícil, en ocasiones, cumplir con los requerimientos de “inmediata presencia” que realizan, a veces, los organismos implicados.

CONTRA EL RECORTE DE DERECHOS FUNDAMENTALES
De hecho, el Colegio de Abogados de Baleares apoya plenamente y comparte la campaña iniciada a nivel nacional por el Consejo General de la Abogacía Española para reclamar el mantenimiento de un servicio que, de hecho, funciona de forma eficaz y evitar cualquier tentación de los poderes públicos de acometer recortes presupuestarios en la prestación de un servicio que se ha consolidado desde hace años como un instrumento esencial en el derecho de defensa y en la tutela judicial efectiva de los colectivos más vulnerables.
Así, solo el año pasado, más de 23.400 personas fueron atendidas por los abogados inscritos en el Turno de Oficio de Baleares, lo que supone que durante el pasado año, una media de casi 2.000 ciudadanos al mes, o 65 al día, confiaron la defensa de sus derechos y legítimos intereses al servicio de asistencia jurídica gratuita que garantiza el ICAIB.
A esta cantidad, hay que añadir los centenares de ciudadanos que recibieron orientación y atención jurídica especializada en las oficinas de atención a las víctimas de delitos y en los diferentes servicios que, al margen del TO, el colegio de abogados pone a disposición de los colectivos más desfavorecidos o vulnerables, como son las personas mayores de 65 años, los discapacitados, las víctimas de la violencia de género y la población reclusa.
Datos y cantidades que, en todo caso, dan buena cuenta de la importancia del trabajo que realizan los abogados adscritos a estos servicios, los únicos que garantizan el acceso a la justicia gratuita de las personas que no disponen de recursos suficientes para litigar..

 


   

 


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