VII Seminario de Menores: “Problemática del menor extranjero en España”

Expertos reclaman en el ICAV la asistencia letrada a menores extranjeros desde su localización

publicado el 13 de JULIO de 2010

Fiscales y abogados exigen un registro unificado a nivel estatal de menores extranjeros no acompañados La correcta determinación de la edad es fundamental para el futuro de estos menores en España Fiscales y abogados expertos en Extranjería han reclamado en el marco del VII Seminario de Menores del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), titulado "Problemática del menor extranjero en España”, la “necesidad” de una asistencia letrada a los menores extranjeros no acompañados desde el momento de su localización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, circunstancia que actualmente no se produce y que ya ha sido denunciado por el Consejo General de la Abogacía Española en un informe reciente. El fiscal Pablo Ponce, de la Fiscalía de Menores del TSJ de la Comunitat Valenciana , ha explicado que en el futuro de estos menores en España cambia radicalmente dependiendo de si tienen o no un abogado que les represente, ya que en determinados supuestos podrían acogerse a la legislación del país de origen (por ejemplo, en lo relativo a la determinación de la edad), así como para ser asesorados sobre sus opciones y derechos. “En ausencia de letrado que defienda sus intereses, se pierde la oportunidad de integración de este menor en nuestro país. Parece que, al establecer convenios con ONGs o con la creación de centros provisionales de acogida, se invierten más recursos en facilitar las futuras expulsiones a partir de los 18 años que en integrar socialmente a estos menores”, denuncia este fiscal. Para la abogada Pilar Serrano , de la Sección de Extranjería del ICAV, la ausencia de un letrado cuando el menor extranjero no acompañado es localizado y detenido genera indefensión y puede ser causa directa de una futura expulsión. “Si el menor tiene antecedentes policiales, por ejemplo, es muy probable que esto se utilice como motivo para denegarles cuando sean adultos el permiso de residencia, así como para invalidar su documentación. También es importante la asistencia de un abogado para procurarle la documentación legal cuando este menor ha estado en varios centros de acogida y todavía carece de papeles”, explica esta abogada. Registro unificado de menores En este seminario, organizado por la Sección del Menor del ICAV, los expertos han coincidido en la necesidad de que exista en España un registro unificado de menores extranjeros no acompañados, ya que estos menores transitan por el territorio nacional con la dificultad de su control para la administración que ostenta su tutela. “Se calcula que existen 11.000 menores extranjeros no acompañados en toda España. Pero estas cifras no son fiables porque los menores se fugan de los centros y se marchan a otras comunidades. Como no existe un control exhaustivo de estos menores porque se les niega la documentación en muchos casos, nos encontramos con que un mismo menor puede ser contabilizado más de cinco veces, tantas como centros donde haya estado”, subraya la abogada Pilar Serrano, y añade: “Esto podría solucionarse con una cédula de inscripción, que supliría al pasaporte y que contribuiría a documentar al menor mientras está en nuestro país”. Pruebas radiológicas Respecto a la forma de determinar la edad de los extranjeros que llegan a España, la abogada Pilar Serrano ha incidido en que las pruebas radiológicas actuales no son excesivamente fiables y tienen cierto margen de error. “Estamos viendo que estas pruebas son practicadas muchas veces en ausencia de médicos forenses, incluso por personal médico residente. Por otra parte, sabemos que existen métodos más certeros, pero las administraciones no los facilitan porque son muy caros”, denuncia esta abogada. El fiscal Pablo Ponce añade que las tablas para determinar la edad están elaboradas con un determinado perfil racial no válido para todos los supuestos y advierte del peligro de errar en la determinación de la edad para el futuro de los menores y de los centros de acogida. “Mezclar menores y adultos en un mismo centro de acogida es un grave riesgo para el bienestar de los menores y para la paz social del propio centro”, explica el fiscal de Menores del TSJ. Carencia de medios y abusos Finalmente, el fiscal Pablo Ponce ha criticado la ausencia de un servicio de guardia por parte de las administraciones autonómicas donde se acoja a estos menores en el momento de su localización. “El problema es que ni las fuerzas de seguridad ni la Fiscalía disponen de centros para la permanencia de estos menores, al margen de que esta función no es competencia nuestra sino de la Conselleria de Bienestar Social, que debería crear más centros y asegurar una atención continuada”, explica Ponce. Asimismo, la abogada Pilar Serrano insiste en la necesidad de que los abogados controlen a su defendido incluso después de la sentencia judicial, para supervisar que son correctamente atendidos en los centros de acogida. “Se han detectado abusos a estos menores en determinados centros, porque parece que es más fácil medicarlos que reeducarlos. Tampoco se nos informa a los letrados de las sanciones impuestas a ese menor por el centro”, afirma esta letrada.