El
consejero
en
la
representación
permanente
de
España
en
la
UE
Juan
José
Molinos
Cobo
y el
director
de
la
representación
de
la
Comisión
Europea
en
España,
Francisco
Fonseca
Morillo,
han
coincidido
durante
su
participación
en
la
jornada
de
clausura
del
seminario
“Unión
Europea
y
Armonización
Procesal”,
organizado
por
el
Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Valencia
(ICAV),
en
que
el
llamado
“Espacio
europeo
de
libertad,
seguridad
y
justicia”
tiene
ante
sí
“un
futuro
incierto,
lleno
de
grandes
retos”.
Algunos
de
estos
desafíos
serán,
según
los
expertos,
la
adopción
de
acuerdos
comunes
en
materia
de
justicia
por
parte
de
todos
los
países
miembros,
la
futura
creación
de
una
Fiscalía
comunitaria,
que
investigará
asuntos
en
todo
el
espacio
europeo,
y la
adhesión
reciente
de
la
UE
al
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos
de
1949,
que
implicará
entre
otras
cuestiones
que
el
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos,
ubicado
en
Estrasburgo,
pueda
revisar
las
sentencias
del
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea.
Conocer
y
aceptar
las
consecuencias
Juan
José
Molinos
Cobo
ha
explicado
que
desde
el
Tratado
de
Lisboa
ha
cambiado
el
sistema
de
mayorías
para
la
adopción
de
acuerdos,
sustituyendo
la
exigencia
de
unanimidad
por
la
mayoría
cualificada,
con
el
fin
de
llegar
a
“acuerdos
de
mínimos”
y
que
las
iniciativas,
por
ejemplo
en
materia
de
justicia,
puedan
salir
adelante.
“El
principio
de
‘reconocimiento
mutuo’,
que
implica
que
no
es
necesario
armonizar
la
legislación
de
los
países
para
la
libre
circulación
de
personas
y
mercancías,
plantea
el
reto
de
que
exista
‘confianza
mutua’
entre
los
países
miembros,
y en
materia
de
justicia
esto
es
difícil,
porque
no
todos
los
países
conciben
de
igual
modo
el
Estado
de
Derecho”,
apunta
este
abogado.
Por
otra
parte,
Molinos
Cobo
ha
subrayado
que
los
países
miembros
deberán
“conocer
y
aceptar
las
consecuencias”
de
la
cesión
de
determinadas
competencias
soberanas,
como
es
la
justicia.
“Tenemos
ejemplos
de
buen
funcionamiento,
como
la
orden
de
detención
europea,
pero
debemos
tener
en
cuenta
que
en
cuatro
años
la
justicia
será
comunitaria,
y
ello
implicará
cambios
en
la
actividad
legisladora
y en
la
judicial,
sobre
todo
en
el
ámbito
procesal”,
explica
este
experto.
Grandes
avances
Por
su
parte,
el
director
de
la
representación
de
la
Comisión
Europea
en
España,
Francisco
Fonseca
Morillo,
ha
valorado
positivamente
el
proceso
de
creación
de
un
espacio
europeo
de
justicia,
especialmente
en
materia
penal.
Sin
embargo,
según
ha
destacado,
“el
reto
de
futuro
es
garantizar
la
confianza
de
la
que
dependerá
el
reconocimiento
mutuo
como
principio
de
actuación”.
“Existe
en
general
una
desconfianza
hacia
Bruselas
entre
los
países
miembros
y
ello,
sumado
al
hecho
de
que
las
iniciativas
en
materia
de
justicia
se
paralizarán
sólo
con
¼ de
los
votos
en
contra,
puede
implicar
una
paralización
importante
en
la
puesta
en
marcha
de
determinados
proyectos”,
subraya
Francisco
Fonseca.
Orden
de
protección
europea
El
abogado
del
Estado
Juan
José
Molinos
ha
valorado
en
su
intervención
la
iniciativa
de
la
orden
europea
de
protección
de
las
víctimas
de
la
violencia
doméstica,
planteada
por
España
durante
su
última
presidencia
de
la
Unión
Europea.
“Cada
año
se
dictan
130.000
órdenes
de
protección
en
toda
la
Unión
Europea,
sin
tener
en
cuenta
los
países
que
incluyen
estos
casos
en
otras
jurisdicciones
y
que
no
poseen
estadísticas
específicas.
Es,
en
cualquier
caso,
un
problema
importante
que
afecta
a un
gran
número
de
países
miembros,
y
hemos
conseguido
el
voto
positivo
de
18
países.
La
iniciativa
cuenta,
además,
con
informe
favorable
del
Consejo
Europeo,
del
Parlamento
Europeo
y
del
Servicio
Jurídico
de
la
Comisión,
sin
embargo
su
puesta
en
marcha
depende
ahora
de
la
voluntad
política
de
los
países
miembros
de
adoptarla
o
no”,
concluye
este
abogado.
