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VIDA COLEGIAL
Luz Marina Porras Bernal, madre de una de las víctimas, ha visitado hoy Palma invitada por Amnistía Internacional
El grupo denuncia que miembros del Ejército asesinaron a los jóvenes, a los que presentaron falsamente como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas de sus superiores
Abogados de la Sección de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Baleares han mantenido hoy un encuentro con la señora Luz Marina Porras Bernal, una de las integrantes del grupo de las “Madres de Soacha”, que culpan a miembros del ejército colombiano de asesinar a sus hijos en el año 2008. Invitada por Amnistía Internacional, Luz Marina Porras Bernal forma parte de la “gira” que este grupo de madres ha iniciado por diferentes países europeos para recabar apoyos a su petición de que se juzgue y condene a los militares colombianos a los que responsabilizan de las ejecuciones extrajudiciales de decenas de jóvenes del país. Según este grupo de madres-coraje, miembros del ejército de Colombia reclutaron, con falsas promesas de trabajo, a hombres jóvenes procedentes de las zonas pobres del país, a los que posteriormente mataron y enterraron en fosas comunes. Las víctimas fueron presentadas falsamente por el ejército como guerrilleros muertos en combate, a fin de que sus asesinos recibieran por ello dinero, días de permiso, ascensos o, simplemente, felicitaciones de sus superiores. Este es el caso del hijo de Luz Marina, Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años, que desapareció el 8 de enero de 2008 y cuyo cadáver fue encontrado en una fosa común el 16 de septiembre del mismo año. Según el ejército, Fair Leonardo pertenecía a un grupo armado ilegal y había muerto en combate, una información que investigaciones posteriores de la Fiscalía general de la Nación reveló como falsa. Las denuncias realizadas por este grupo de madres, que son objeto de constantes amenazas, destaparon el escándalo de los llamados falsos positivos, nombre con el que se conoce la ejecución de civiles inocentes a cambio de recompensas militares, y provocó, primero, la expulsión de 27 oficiales del ejército, y posteriormente, la dimisión del general Mario Montoya. Las “madres de Soacha” recibieron un varapalo en enero de 2010 al saber que algunos de los detenidos por su implicación en los asesinatos fueron liberados por los tribunales por “vencimiento de plazos”. Por ello, han iniciado una campaña internacional de petición de justicia y reclaman, no sólo que se juzgue y condene a los autores de los asesinatos, sino también que se restituya el buen nombre de sus hijos, presentados falsamente como miembros de grupos armados ilegales.
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