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El presidente del Gobierno ha reconocido que “desde hace días” se tenía conocimiento del “riesgo cierto” de que los controladores llevarán la situación a un punto insostenible Tras las declaraciones del presidente del Gobierno en su intervención en el Congreso de los Diputados, el grupo de afectados por el cierre del espacio aéreo representados por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo reclamarán también a AENA el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados por los controladores. Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que ha sido ya contactado por más de 5.000 afectados, considera que el control del trafico aéreo es un servicio público esencial. AENA es la entidad pública empresarial que, en la actualidad, es el proveedor de servicios de tránsito aéreo y por tanto la última responsable del normal funcionamiento de los mismos. Los controladores se encuentran al servicio de AENA como empleados públicos con una relación laboral jurídico-pública. Por tanto, las reclamaciones de los usuarios por el funcionamiento del servicio de tránsito aéreo corresponde efectuarlas frente a la empresa responsable de los mismos que no es otra que AENA, en un supuesto claro de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Las declaraciones del Presidente del Gobierno y su expreso reconocimiento de la previsibilidad de la situación y sus compromisos a “depurar responsabilidades” y “resarcir los daños” a los perjudicados no hacen sino confirmar la responsabilidad de la Administración frente a una situación que ha afectado a más de 600.000 personas y a la que tiene que responder, en última instancia, el Estado.
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