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NOTICIAS DE BUFETES

Los afectados por el Cierre del Espacio Aéreo reclaman a la Administración de Justicia “medios materiales y personales” publicado el 10 de DICIEMBRE de 2010 a las 14:00 horas Los abogados advierten sobre posibles conflictos de competencias entre juzgados para resolver sobre las indemnizaciones Los demandantes afectados por el cierre del Espacio Aéreo temen que les perjudique que varios jueces sean a la vez competentes para enjuiciar el caso. La razón de esta multiplicidad de competencias reside en la participación de controladores destinados en diferentes aeropuertos sujetos a demarcaciones territoriales diversas. Por ello, el Portavoz de la Plataforma de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, Alfonso Fuertes, reclama a los órganos de gobierno de los jueces que “pongan a disposición de los Tribunales que instruyan este asunto medios materiales y personales extraordinarios que permitan resolver con celeridad y seguridad jurídica el caso”. Manuel Iglesias, Ex Magistrado del Tribunal Supremo y miembro del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que asesora a varios miles de afectados, confirma que “de no adoptarse alguna medida especial es posible que diferentes juzgados examinen los hechos ocurridos en cada aeropuerto de su demarcación territorial de forma paralela”. Esta situación no parece la más conveniente para la solución del proceso por la posible disparidad de criterios y duplicidad de trabajos. Por ello, los letrados que asesoran a los grupos de afectados demandantes no descartan “solicitar a los órganos de la justicia competentes la adopción de las medidas de racionalización y simplificación del trabajo”. Esta medida, sin duda excepcional, ha sido ya adoptada en otras ocasiones. Cremades & Calvo-Sotelo está diseñando la estrategia jurídico procesal de reclamación de daños y perjuicios de mas de 5000 afectados por el bloqueo aéreo de los pasados 3 y 4 de diciembre. Mañana los abogados, acompañados de los afectados, anunciarán la estrategia jurídica que van a implementar para poder alcanzar una indemnización de 10.000 euros por perjudicado.