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Abogados de Baleares reiteran su rechazo a la propuesta de limitar el acceso del ciudadano a revisar las decisiones judiciales en el ámbito civil y contencioso administrativo MADRID, 30 DE MARZO - LAWYERPRESS   La exclusión del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía y otras medidas del proyecto de ley de agilización procesal centran buena parte del debate en las jornadas sobre reducción de litigiosidad organizadas por la dirección general de Justicia del Govern balear La propuesta del proyecto de Ley de medidas de agilización procesal, ahora en trámite parlamentario, de excluir la posibilidad de recurrir en apelación las sentencias en los juicios verbales por razón de la cuantía (inferiores a 6.000 euros), centró ayer buena parte del debate originado en la mesa redonda “La reducción de la litigiosidad en el ámbito mercantil”, celebrada en el marco de las Jornadas sobre reducción de litigiosidad, nueva oficina judicial y mediación” organizadas por la Dirección General de Justicia de Baleares y celebradas los días 28 y 29 de marzo en la sede del Colegio de Abogados de Baleares. Así, y mientras el juez magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, Víctor Fernández, defendía estas medidas como un medio adecuado de reducir la litigiosidad en los tribunales que en nada afecta al derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva (una opinión plenamente coincidente con la expresada durante la inauguración por el ministro de Justicia y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial), el abogado Otto Cameselle se alineaba con la opinión ya expresada por la abogacía balear en el sentido de que la propuesta limita seriamente las posibilidades que actualmente dispone el ciudadano para reclamar la revisión de las decisiones judiciales. Conviene recordar en este sentido que ya el pasado día 11 de marzo, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares hizo público un comunicado en el que expresaba su rechazo a algunas de las medidas del citado proyecto de ley, entre las que figuran, además de la ya mencionada, el incremento en un 430% de las cuantías mínimas para la interposición de recursos de casación en los ámbitos civil y contencioso-administrativo. En dicho comunicado, el órgano de gobierno colegial consideraba, además, que imponer el pago de una tasa a todo el que quiera litigar en el orden jurisdiccional civil, o postular que los litigantes que pierdan un juicio en lo contencioso administrativo se hagan cargo de las costas del juicio en todos los casos (ahora se imponen con carácter excepcional en los supuestos de mala fe del demandante), son planteamientos que podían disuadir a los ciudadanos, sobre todo a aquellos con menos recursos económicos, de acudir a la justicia para defender aquellos que consideran justo. A juicio del ICAIB, “privar de la segunda instancia a quienes reclaman cantidades inferiores a los 6.000 euros “es tanto como suponer que los jueces nunca se equivocan”. Frente a la discrepancia de opiniones mostrada al respecto durante los dos días de las Jornadas, se sitúa el consenso que obtuvieron otras propuestas realizadas durante las jornadas, tales como la necesidad de extender las nuevas tecnologías a toda la estructura del sistema judicial o el impulso decidido de la mediación y la conciliación, como métodos eficaces y rápidos de resolución de conflictos que podrían ayudar, de forma efectiva, a reducir el ingreso de los litigios en los tribunales.