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Abogados valencianos especializados en Derecho de Familia lamentan que no se haya recogido ninguna de sus alegaciones al proyecto de ley y anuncian la falta de medios de la justicia valenciana para absorber el “aluvión” de solicitudes de modificación de medidas que la nueva normativa provocará en los juzgados de Familia.
El ICAV no entra en el debate sobre el derecho a la custodia compartida, es más la defiende, pero de otra forma.
El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Mariano Durán, ha mantenido esta mañana una reunión con abogados especializados en Derecho de Familia para analizar las consecuencias e incertidumbres que plantea la Ley de Relaciones Familiares de los Hijos Cuyos Progenitores No Conviven (Ley valenciana de Custodia Compartida), que entrará en vigor tras su aprobación en las Cortes Valencianas el próximo 5 de mayo. En la reunión han intervenido diversos miembros de la Sección de Derecho de Familia del ICAV, entre ellos su presidente, Isidro Niñerola, y José Soriano, diputado 6º de la Junta de Gobierno del ICAV y experto en Derecho de Familia EntRe las conclusiones alcanzadas, el Decano de los abogados valencianos, Mariano Durán, ha anunciado que el ICAV “estudia cuestionar la constitucionalidad de la Ley valenciana de Custodia Compartida” debido a la “duda sobre la competencia de las Cortes Valencianas para legislar sobre esta materia, una duda que compartimos con otras instancias que ya la han planteado anteriormente”, explica el Decano del ICAV en alusión a las manifestaciones en la misma línea vertidas por el ex abogado jefe del Consell y actual diputado de las Cortes Valencianas, José Marí Olano, así como al informe emitido por la Dirección General de Justicia y Menor sobre el anteproyecto de ley - incorporado en el informe análogo emitido por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana - que coincide en cuestionar la competencia del Parlamento Valenciano sobre esta materia. El Decano de los abogados valencianos ha destacado, asimismo, la “preocupación” de los letrados por el “previsible colapso de los juzgados de Familia” debido al “aluvión de solicitudes de modificación de medidas que van a registrar los despachos y las sedes judiciales”. A este respecto, uno de los principales motivos de queja de los abogados de Familia es la “deficiente situación” actual del gabinete psicosocial encargado de elaborar los informes a partir de los cuales el juez determina la idoneidad de la medida. “Existen carencias graves en los equipos psicosociales, que han sido reducidos a la mitad, se hallan colapsados y no cuentan con personal suficientemente cualificado para elaborar los informes. La reciente reducción a la mitad del personal de los equipos ha provocado ya que ahora se tarde 8 meses en recibir el informe cuando antes se demoraba sólo unos 2 meses. Mariano Durán ha lamentado, finalmente, que el Consell no haya tenido en cuenta el informe de recomendaciones elaboradas por el ICAV al texto legal que será aprobado el próximo mes. “Los abogados, en especial los de Familia, conocen mejor que nadie las dificultades que una iniciativa legal de estas características puede acarrear tanto para las partes en conflicto como para los hijos de la pareja, cuyo interés es siempre prioritario. La demora en este tipo de procesos es más delicada que en otras áreas, puesto que lo que está en juego son relaciones familiares. Dilatar el proceso en el tiempo puede perjudicar aún más el conflicto, influyendo negativamente en la convivencia diaria, el bienestar de los menores y en cuestiones económicas o patrimoniales.
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