Carnicer
apuesta
por
aplicar
sanciones
“que
multipliquen
sus
posibles
beneficios”
a
los
medios
que
difundan
noticias
inadecuadas
sobre
menor
|
MADRID,
06
de
ABRIL
de
2011 - LAWYERPRESS |
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El
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española
(CGAE),
el
Defensor
del
Menor
en
la
Comunidad
de
Madrid
y la
Asociación
de
la
Prensa
de
Madrid
(APM)
presentaron
este
miércoles
6 de
abril
el
libro
“Menores
en
los
medios
de
comunicación:
información
responsable
o
espectáculo”
con
un
desayuno
de
prensa
que
se
celebró
a en
la
sede
del
CGAE.
El
libro
fue
presentado
por
el
presidente
del
CGAE,
Carlos
Carnicer,
el
Defensor
del
Menor
en
la
Comunidad
de
Madrid,
Arturo
Canalda
y el
presidente
de
la
APM,
Fernando
González
Urbaneja.
Durante
la
presentación,
Carnicer
señaló
que
aunque
el
seminario
que
recoge
el
libro
se
celebró
hace
más
de
un
año
“la
situación
de
los
menores
no
ha
cambiado
nada”,
porque
“sus
derechos
siguen
siendo
vulnerados,
no
por
falta
de
regulación,
sino
por
falta
de
una
verdadera
cultura
de
protección
del
menor”.
Y es
que,
recordó
el
presidente
de
los
abogados
“los
menores
no
son
personas
bajitas,
sino
que
son
un
valor
primario
de
una
sociedad
desarrollada”,
y
por
eso
no
se
debe
olvidar
que
en
todos
los
ámbitos,
“también
en
los
procesos
penales”,
debe
“primar
el
interés
superior
del
menor”,
y
que
“la
sociedad
entienda
que
incluso
en
los
casos
más
aberrantes,
que
hayan
sido
cometidos
por
un
menor,
el
tratamiento
debe
ser
diferente”,
ya
que
en
el
fondo
“los
actos
violentos
de
los
niños
repiten
roles
de
los
mayores,
por
lo
que
los
adultos
son
también
responsables”.
“La
ley
no
se
cumple,
y el
incumplimiento
tiene
penas
muy
livianas”,
señaló.
Por
eso,
apostó
por
“calcular
los
beneficios
que
una
noticia
de
un
menor
puede
dar
a un
medio,
y
aplicar
una
sanción
que
multiplique
por
mucho
ese
beneficio”
para
evitar
que
estos
consideren
que
les
compensa
dar
la
noticia
porque
la
multa
será
ínfima.
Por
su
parte,
González
Urbaneja
destacó
que
el
problema
de
la
profesión
periodística
es
“el
atropellamiento”
por
la
necesidad
de
inmediatez,
a
pesar
de
que
“es
difícil
encontrar
una
profesión
que
necesite
más
ponderación
que
la
nuestra”.
Por
ello,
“la
respuesta
al
tema
de
los
menores
es
especialmente
espinosa”
y
“tenemos
que
tocarlo
con
moderación”.
“A
los
profesionales
nos
corresponde
hacer
el
ejercicio
responsable
de
máximo
espacio
de
libertad
y
crítica,
pero
también
de
respeto”,
señaló.
El
Defensor
del
Menor,
Arturo
Canalda,
subrayó
que
la
obra
presentada
“es
de
máxima
actualidad”
y
supone
“un
material
de
referencia
del
que
no
existe
nada
parecido
en
estos
momentos”.
Así,
el
volumen
pretende
ser
una
guía
para
“ver
qué
se
debe
hacer”
cuando
se
dan
informaciones
sobre
menores,
aunque
se
trata
de
“una
serie
de
ideas”
que
deben
combinarse
con
“el
sentido
común”.
Canalda
señaló
que
existe
un
choque
de
derechos,
como
son
el
de
la
información
y el
de
la
intimidad,
pero
“existe
el
concepto
del
interés
superior
del
menor,
que
está
por
encima
de
todos”,
y
por
ello
“desde
el
punto
de
vista
de
la
información
nos
encontramos
con
problemas
para
equilibrar
el
derecho
a
informar
frente
al
derecho
a la
intimidad
de
los
menores”.
El
libro,
y
especialmente
sus
conclusiones,
señaló
el
Defensor
del
Menor,
“puede
servir
como
herramienta
de
trabajo,
para
orientar”,
porque
“la
trascendencia
de
una
información
mal
dada
cuando
tiene
que
ver
con
menores
es
mayor
que
cuando
tiene
que
ver
con
adultos”.
Además,
Canalda
apuntó
“el
desconocimiento
que
existe
cuando
se
dan
informaciones
de
menores,
por
eso
esta
guía
pretende
dar
pistas
de
cuando
un
niño
está
en
un
contexto
de
niños
y
cuando
no,
y
por
tanto
no
se
puede
dar
la
información”.
Para
terminar,
señaló
que
“el
número
de
quejas
de
los
últimos
cuatro
años
sobre
informaciones
de
menores
en
los
medios
se
ha
multiplicado,
porque
la
población
ya
no
tolera
que
cierta
información
se
publique,
no
hace
falta
que
sean
los
padres”.
El
problema
es
que
ahora
existe
también
Internet
y
las
redes
sociales,
y
“la
legislación
a
veces
va
muy
por
detrás
de
la
realidad”,
una
realidad
nueva
“que
hay
que
estudiar
con
mucha
prudencia”.
Y es
que
en
el
caso
de
los
horarios
de
protección
y
superprotección
de
contenidos
en
televisión
no
se
ha
contado
con
Internet,
ya
que
aquí
esta
legislación
se
queda
en
papel
mojado
“y
se
olvida
la
gran
responsabilidad
de
los
padres
para
decidir
pueden
o no
pueden
ver
sus
hijos”.
Una
obra
fruto
de
un
seminario
con
los
mejores
expertos
El
libro
refleja
las
conclusiones
del
seminario
“Tratamiento
de
los
menores
en
los
medios
de
comunicación:
propuesta
para
un
cambio”,
organizado
por
estas
tres
instituciones,
con
la
colaboración
de
la
Asociación
de
Comunicadores
e
Informadores
Jurídicos
(ACIJUR)
en
la
sede
del
CGAE.
La
obra
recoge
las
ponencias
y
conclusiones
de
los
participantes
en
el
seminario,
a
través
de
los
diferentes
temas
que
se
trataron
en
las
cuatro
mesas
de
las
que
estuvo
compuesto.
La
primera
de
ellas,
la
Mesa
Legal
titulada
“Medios
e
intimidad:
perspectiva
legal”,
estuvo
formada
por
Pablo
Hernando,
anterior
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Burgos
y
abogado
penalista;
Consuelo
Madrigal,
fiscal
de
sala
coordinadora
de
menores
del
TS;
José
Luis
González
Armengol,
juez
decano
de
Madrid,
y
Arturo
Canalda,
Defensor
del
Menor
en
la
Comunidad
de
Madrid.
La
segunda
mesa
fue
de
Medios
de
Comunicación,
y
analizó
el
tema
“Autorregulación
o
normativa
en
defensa
del
menor”
a
cargo
de
Javier
Fernández
Arribas,
director
de
informativos
de
Punto
Radio;
Javier
de
Montini,
ex
director
de
“Lecturas”,
Isabel
García
Zarza,
redactora
de
“Yo
Dona”
e
Inés
Ballester,
periodista.
La
Mesa
Social,
con
el
tema
“Infancia,
medios
de
comunicación,
sociedad”,
contó
con
la
presencia
de
Francisco
Lara,
ex
presidente
de
la
Plataforma
de
Organizaciones
de
la
Infancia;
María
Inés
López
Ibor,
psiquiatra,
y
Alejandro
Perales,
presidente
de
la
Asociación
de
Usuarios
de
Comunicación.
Para
terminar,
la
Mesa
de
Nuevas
Tecnologías,
titulada
“Internet
y
Redes
Sociales:
Privacidad,
riesgos
y
oportunidades”,
estuvo
formada
por
Artemi
Rallo,
presidente
de
la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos;
Ícaro
Moyano,
director
de
comunicación
de
Tuenti;
Javier
Martínez
Baviere,
responsable
del
departamento
legal
de
Google,
y
Juan
Salom,
comandante
jefe
del
Grupo
de
Delitos
Telemáticos.
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