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de los Colegios de Abogados de España
Como dice la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, no se puede dejar de prestar un servicio esencial para los mas necesitados, cual es el constitucional derecho de defensa en condiciones de igualdad y de calidad, pero para ello es imprescindible y esencial que el Turno de Oficio esté suficientemente dotado presupuestariamente. Si en el 2.003 ésta partida presupuestaria suponía un monto de 9.000.000 €, y ahora, según la Consejería, alcanza 50.000.000 €, ello sería razón suficiente para que durante todos éstos años la Consejería hubiera tenido la previsión de cubrir ese coste, toda vez que el aumento del presupuesto se debe al crecimiento natural de la población, a la ampliación de derechos sociales a los ciudadanos, y a la grave crisis económica, factores en los que nada tienen que ver ni el ICAM ni los abogados del Turno de Oficio. La supuesta “falta de celo” del Colegio de Abogados y de los letrados de oficio, según el reproche que nos hace la Consejería, no responde a la realidad, entre otras cosas porque es a dicha Consejería a quien corresponde ejercer ese control y celo, a través, en concreto, de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, organismo adscrito a aquélla Consejería. Si la precarización del Turno de Oficio continúa como hasta ahora, lo que está en peligro es no ya las retribuciones de los abogados de oficio, congeladas desde 2.003, sino ese servicio esencial para los más necesitados, y de ésta política torpe y ciega solamente hay un único responsable. Los abogados de oficio de Madrid no se han encerrado en el Colegio únicamente en defensa de sus justas y legítimas reivindicaciones, sino principalmente para garantizar que no se deje de prestar un servicio público y esencial para los más necesitados, por ello nos vemos abocados a adoptar medidas contundentes, como la suspensión del servicio, salvo en determinados casos urgentes, pues es manifiesto que todos los colectivos sociales de éste país, incluidos los jueces han llegado hasta la huelga para defender sus derechos. Fdo.: Juana María Malca (APAEM) Fdo.: Teodoro Mota (ALA) Fdo.: Manuel Valero (ALTODO)
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