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de la COMUNIDAD LEGAL

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid debate sobre los problemas en la aplicación de la legislación de protección de datos en los Servicios Sociales MADRID, 19 de MAYO de 2011 - LAWYERPRESS   Los profesionales de los servicios sociales tratan información personal de gran sensibilidad que han de saber proteger, dado que son depositarios y garantes de su confidencialidad. La APDCM, dentro de su compromiso de concienciación y formación en el respeto a la protección de datos en un sector clave para la sociedad como es el de los Servicios Sociales, ha organizado la sexta edición de las jornadas de protección de datos referida a dicho sector público. En estas jornadas se ha instado a la creación de un marco normativo para el ámbito de los servicios sociales similar al existente en el sector sanitario. En este sentido, el director de la Agencia, D. Santiago Abascal, manifestó en el momento de la inauguración de las jornadas “la necesidad de considerar los datos que manejan los servicios sociales como “datos especialmente protegidos”, cuestión que en la actualidad sólo es aplicable al tratamiento de datos por el sector sanitario, lanzando desde aquí una petición al legislador para que se apruebe una ley que regule la historia social, a imagen y semejanza de la regulación actual de la historia clínica”. El acto, en el que se ha contado con cerca de 200 asistentes, ha tenido como principal objetivo identificar las preocupaciones y las dificultades más habituales que se presentan en los centros de servicios sociales y plantear soluciones a los problemas del trabajo diario, poniendo de manifiesto la posibilidad de conciliar una gestión eficaz con un escrupuloso respeto a los derechos de los ciudadanos. Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Servicios Sociales, Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha insistido en que los Servicios Sociales están trabajando en un eficaz tratamiento de los datos que manejan ya que son altamente sensibles, un trabajo continuo que ayuda a implantar medidas que garanticen la máxima calidad y confidencialidad de los datos que se tratan. Durante la jornada se han compartido las experiencias de distintas administraciones públicas de la Región con respecto a la implantación de sistemas informáticos que faciliten la protección de los datos personales. En primer lugar, Dª Berta Lago, jefa del servicio de prevención de la exclusión y rentas mínimas de la Consejería de Familia y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, ha expuesto cómo los datos que tratan sobre la exclusión social y las rentas mínimas son datos especialmente sensibles, por lo que, en sus nuevas aplicaciones informáticas, se facilita una actuación coordinada con las distintas administraciones (Municipal y Autonómica). Además, tanto para la elaboración de contratos como para la concesión de subvenciones se solicitan informes a la APDCM. Por su parte, D. Miguel Ángel Davara, asesor jurídico externo del Servicio Regional de Bienestar Social (S.R.B.S.) de la Consejería de Familia y Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, ha explicado que uno de los principales problemas con los que se encuentran los profesionales de los servicios sociales es lo relativo al tratamiento de datos no informatizados. y ha expuesto que, debido a la cantidad de datos que manejan los Servicios sociales, la tecnología actual, como los dispositivos RFDI, podrían ayudar a mejorar la gestión, siempre y cuando se empleen respetando el derecho a la protección de datos. Por último D. Francisco J. Pomar Fernández, Director de Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, ha explicado cómo a través de un sistema de codificación de expedientes implantado en los servicios sociales, se ha logrado una mejora en la gestión y en la confidencialidad de los datos de los usuarios. Esta codificación se basa en una preclasificación por colores dependiendo de la tipología de los datos para, seguidamente, proceder a la digitalización completa de los expedientes, lo cual ha ayudado a lograr un mayor control del acceso a tales expedientes.