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Comunicado de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial sobre las recientes declaraciones de políticos acerca de la cuestión lingüística en Cataluña
MADRID, 08 de SEPTIEMBRE de 2011 - LAWYERPRESS
 

Las declaraciones de ciertos dirigentes políticos autonómicos en relación con las resoluciones judiciales del TSJC sobre la cuestión lingüística suponen un incumplimiento de esos políticos de uno de sus deberes básicos: acatar y defender el Estado de Derecho.
Ha de exigirse a la clase política el mayor respeto al ordenamiento jurídico democrático, y los que están ostentando cargos públicos están especialmente obligados jurídica y éticamente a cumplir y hacer cumplir las leyes y la interpretación que de las mismas hacen los tribunales.
Cuando se declara públicamente que se va a incumplir una resolución judicial "sí o sí", o "caiga quien caiga", o que esas resoluciones vienen a "tocarnos las narices", no nos hallamos en presencia de meros exabruptos, sino de algo diferente y mucho peor: es una afirmación tácita de que hay parcelas de poder que deben estar excluídas del control jurisdiccional y en las que los jueces y tribunales no podrían entrar por conculcar unos supuestos y etéreos valores o bases de convivencia que parecen estar más allá de las normas legales. Esta idea es absolutamente contraria al Estado de Derecho y al ordenamiento constitucional y debe ser denunciada.
La negativa a aplicar ciertas resoluciones judiciales apelando a esos supuestos valores o esencias es no solo una actitud genuinamente antidemocrática y contraria al art.118 de nuestra Constitución sino que, por la grave desobediencia civil que comporta, al venir protagonizada por Autoridades y relevantes cargos públicos, podría dar lugar, una vez deviniera firme y ejecutiva la resolución judicial, a la comisión del delito de desobediencia previsto en el art. 410 del Código Penal.
En cualquier caso, esperamos que el Consejo General del Poder Judicial, en uso de las funciones que tiene constitucionalmente encomendadas, no tarde en pronunciarse públicamente contra este grave atentado contra la independencia del Poder Judicial.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación compuesta en la actualidad de unos 80 socios, entre los que hay jueces, abogados, catedráticos, profesores, notarios, empresarios y estudiantes, entre otros. Fundada en mayo de 2011, está presidida por el catedrático de derecho procesal Andrés de la Oliva y es secretario general el magistrado Ernesto Carlos Manzano Moreno.

www.pcij.es
 

 

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