El
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona,
Pedro
L.
Yúfera,
y el
diputado
de
la
Junta
de
Gobierno
de
esta
corporación,
Jesús
Sánchez,
han
comparecido
en
el
Congreso
de
los
Diputados
ante
la
Subcomisión
de
Vivienda
para
exponer
una
propuesta
de
modificación
de
determinados
artículos
de
la
LEC
a
través
de
los
cuales
se
podría
mejorar
y
disminuir
las
ejecuciones
hipotecarias
sin
afectar
con
ello
al
sistema
establecido.
Esta
comparecencia
responde,
por
un
lado,
al
interés
que
suscitó
ante
la
Comisión
de
Justicia
la
propuesta
presentada
por
el
decano
del
ICAB
el
pasado
29
de
marzo
en
el
Congreso
de
los
Diputados.
Dicha
Comisión
se
comprometió
a
estudiar
dicha
propuesta,
y
hoy
ha
sido
analizada
a
través
de
la
citada
Subcomisión,
que
se
ha
creado
en
el
seno
de
la
Comisión
de
Vivienda
con
el
objetivo
de
estudiar
posibles
reformas
del
sistema
hipotecario
español,
y,
en
particular,
respecto
de
aquellas
condiciones
que
puedan
ser
consideradas
abusivas.
La
propuesta
expuesta
por
el
ICAB
el
pasado
marzo
responde
a
las
líneas
que
posteriormente
ha
seguido
el
Gobierno,
cuando
a
través
de
la
promulgación
del
Real
Decreto
Ley
8/2011,
de 7
de
julio,
ha
introducido
importantes
novedades
en
materia
de
ejecución
hipotecaria
como
es
la
modificación
del
segundo
párrafo
del
apartado
4
del
artículo
670
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil,
que
eleva
del
50
al
60%
la
cifra
del
valor
de
tasación
por
la
que
el
acreedor
puede
solicitar
la
adjudicación
cuando
no
concurren
postores
a la
subasta.
Esta
medida,
si
bien
es
un
avance,
es
“insuficiente”
afirma
el
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona.
Por
ello,
la
propuesta
presentada
por
la
abogacía
barcelonesa
apuesta
por
regular
un
procedimiento
notarial
para
la
entrega
de
la
vivienda
habitual;
de
modo
que
a
través
de
un
trámite
sencillo
ante
el
notario,
se
permita
a la
entidad
financiera
que
pueda
ofrecer
notarialmente
al
deudor
la
entrega
de
la
vivienda
para
cancelar
parcialmente
la
deuda
hipotecaria
por
un
importe
mínimo
del
80%
del
valor
de
tasación.
La
aplicación
de
esta
medida
posibilitaría
disminuir
el
importe
a
deber
y a
su
vez
potenciar
la
desjudicialización
del
proceso
hipotecario.
La
propuesta
formulada
por
la
abogacía
barcelonesa
también
establece:
Estas
medidas
mantienen
el
principio
de
seguridad
jurídica
y
conservación
de
los
derechos
adquiridos,
es
decir,
no
se
modifican
los
pilares
básicos
del
derecho
contractual
español.
