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La titular del Juzgado de Instrucción número 33 bis de Madrid ha imputado a la junta directiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) por su presunta responsabilidad en el abandono de las torres de control por parte de los controladores aéreos los pasados 3 y 4 de diciembre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. La directiva del sindicato, que representa a más del 90% del colectivo, tendrá que explicar a la juez si convocaron a sus afiliados la noche del 2 de diciembre para acudir a distintas asambleas al día siguiente y si éstas derivaron en el abandono de los puestos de trabajo por parte de 400 controladores de toda España. El presidente de USCA, Camilo Cela, ya declaró en dos ocasiones ante la juez el pasado mes de julio en calidad de controlador y como presidente del sindicato. Cela aseguró que "el único responsable" del caos aéreo fue la empresa pública AENA por los cambios laborales impuestos al colectivo. La juez tendrá que llamar a declarar ahora al vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, al secretario general, Abel Hernández, al entonces secretario de Comunicación, César Álvarez Cabo y al portavoz del sindicato, Daniel Zamit, entre otros, como imputados por presuntos delitos de sedición, coacciones, abandono del puesto de trabajo y secuestro de pasajeros. La providencia, dictada el pasado 8 de septiembre y notificada este martes, no fija todavía la fechas de sus comparecencias, ya que la juez continuará tomando declaración al centenar de controladores aéreos de las torres de Barajas y Torrejón de Ardoz, que abandonaron sus puestos alegando enfermedad o estrés. La juez María del Sagrario Herrero señala en la providencia los próximos 4, 6, 13, 26 y 27 de octubre para continuar tomando declaración a los controladores. Hasta ahora, todos han declarado que no existía una organización previa para secundar un paro encubierto y que abandonaron sus puestos de trabajo por razones de estrés. Asimismo, la juez ha solicitado al Hotel Auditorium cercano a Barajas, la documentación referente a la reserva de la sala de reuniones principal, así como de las habitaciones que ocuparon cerca de un centenar de controladores aéreos durante la noche del 3 y el 4 de diciembre, para comprobar quién hizo las reservas y pagó la factura. La juez admite así la petición formulada por la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, representada por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que integra a cerca de 10.000 afectados por el cierre del espacio aéreo.
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