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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
Para garantizar la prestación del servicio público del Turno de Oficio
Más de 200 letrados que ejercen su profesión en el Turno de Oficio han participado esta mañana en una concentración silenciosa, a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, por la falta de acuerdo con la administración en torno a la prestación del servicio público del turno de oficio. La concentración comenzó a las 12:00 y con una duración de unos quince minutos, permitió ofrecer información a la ciudadanía sobre la deuda que la administración mantiene con el Turno de Oficio y sobre la necesidad de mantener un presupuesto realista para el próximo año 2012. Actualmente la cantidad que adeuda la Conselleria de Justicia y Bienestar Social a los abogados del turno de oficio es, aproximadamente, de unos 7.727.000 euros, cifra global resultante de la suma del 61% del primer trimestre de 2011, aún pendiente de cobro, y del 2º y 3º trimestres del año, ya vencidos y también pendientes de abono. A pesar de todo ello, la Junta de Gobierno del ICAV sigue conversando diariamente con la Conselleria de Justicia y Bienestar Social con el fin de encontrar una doble solución: adoptando un sistema eficaz y racional que acabe con los retrasos en los pagos por el trabajo realizado año tras año y planteando una solución sobre el importe que se debe a fecha de hoy”. El Decano del Colegio de Abogados, Mariano Durán, que ha presidido esta concentración, ha explicado que la Administración sólo ha cubierto el pago de un mes de los doce meses de 2011 y ha recordado que el motivo de esta concentración no es la protesta sino poner en valor el trabajo y la profesionalidad de todos los abogados que trabajan en el Turno de Oficio, un servicio público fundamental y reconocido en la Constitución. Actualmente 140.000 ciudadanos son atendidos por algún letrado del Turno de Oficio en la ciudad de Valencia y en la Comunitat Valenciana, esta cifra asciende a 300.000 ciudadanos. En su opinión, “la actual crisis económica no puede poner en riesgo un derecho básico para todos los ciudadanos y, en especial, para los más desfavorecidos”.
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