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El principal problema de la Justicia es organizativo, no económico.
El volumen de trabajo de los Tribunales españoles se acerca a los 10 millones de asuntos, imposibles de atender con los actuales recursos.
En España la proporción de procedimientos es de 1 por cada 4 habitantes; en Francia, de 1 por cada 25.
Según el Observatorio, determinados asuntos judiciales destacados por los medios de comunicación perjudican la imagen de la Administración de Justicia frente a los ciudadanos y no reflejan la realidad.
La Fundación Wolters Kluwer, presidida por Rosalina Díaz Valcárcel, presentó ayer en Madrid el Informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia, dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López. Tras la presentación del Informe se celebró una Mesa Redonda sobre el tema “Un nuevo modelo de Justicia para una España en crisis”, en la que participó el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, el vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, y el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez. Informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia El Informe consta de diez Indicadores y de un Índice Global, construidos con los datos disponibles en la Estadística Judicial. Su valor más importante, como destacó Enrique López durante la presentación, reside en la posibilidad de comparar sus resultados año tras año, al estar basado siempre en los mismos parámetros. La carga de trabajo, por ejemplo, ha crecido significativamente en los últimos años. En 2007 sólo dejó de atenderse el 4,57% de los asuntos que entraron en los órganos judiciales, mientras que ese porcentaje ha sido del 15,43% en 2010, a pesar de las medidas de ajuste acometidas. En 2010 se crearon 151 nuevas plazas judiciales, pero serían necesarios aún 423 jueces y magistrados más para hacer frente a la actual carga de trabajo de los tribunales. El número de procesos concluidos en un plazo razonable también es un indicador que empeora. El dato de 2010 refleja que un 51,29% de los procesos tiene una duración óptima, lo que supone una caída de 2,38% respecto a 2009. En 2007 más del 60% de los asuntos cumplían con este objetivo. La calidad subjetiva de la Justicia, sin embargo, ha mejorado en 4 puntos porcentuales respecto al año anterior, pues sólo el 5,92% de las resoluciones dictadas en primera instancia resultaron modificadas por sentencia definitiva tras ser recurridas. Esta mejora supone una recuperación de los niveles anteriores a 2009. En clara tendencia positiva, mejora también el Indicador Quinto, que mide la confirmación de resoluciones en casación: en 2010 el 91,24% de las sentencias recurridas en casación fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, mientras que en 2007 el dato era del 89,01%. El Índice Global de la Actividad Judicial en 2010 es del 68,86%, empeorando levemente (un 0,65%) respecto al de 2009, año en que este Índice mostró signos de mejora. Para terminar, el director del Observatorio de la Actividad Judicial mostró su preocupación por el hecho de que los objetivos empresariales de los medios de comunicación, principal fuente para los ciudadanos de conocimiento y valoración de la Administración de Justicia, conduzcan (no intencionadamente) a generar en la opinión pública una imagen de la actividad judicial muy alejada de su realidad y de sus esfuerzos y logros cotidianos. Esta ausencia de valoración de la actividad judicial en su conjunto conduce, en opinión de los expertos del Observatorio, a una situación de indefensión de la Justicia ante la opinión pública. Mesa redonda sobre “Un nuevo modelo de Justicia para una España en crisis” Tras la presentación del Informe 2011 del Observatorio se celebró una mesa redonda en la que los operadores jurídicos propusieron diferentes medidas para mejorar la Justicia en esta época económicamente complicada. En ella participaron el director del Observatorio, Enrique López, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, Luis Rodríguez Ramos, vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y el presidente del Consejo General de Colegios de Procuradores, Juan Carlos Estévez. “Hay que cerrar las vías de agua por las que nuestro sistema pierde recursos”, dijo Enrique López. Entre las medidas para mejorar la Justicia propuestas por el director del Observatorio destaca la racionalización de sus costes, limitando los abusos en el acceso a la Justicia Gratuita, extendiendo a las personas físicas el pago de tasas judiciales (tal como hacen ya las personas jurídicas), fortaleciendo la ejecutividad de ciertos títulos, como las facturas, e incentivando el uso sostenible de la Justicia y los sistemas extrajudiciales de composición de conflictos. Fernando de Rosa, por su parte, declaró que la transformación de la Justicia no tiene que suponer necesariamente una gran inversión y que el problema no es tanto económico como organizativo. En su opinión, habría que restringir la creación de nuevos juzgados (la puesta en marcha de cada uno supone un coste de 300.000 euros) y redactar una nueva Ley de Planta y Demarcación, más acorde con la España del siglo XXI que la actual regulación, que permita la concentración de órganos judiciales en grandes núcleos de población. Luis Rodríguez Ramos propuso la firma de un nuevo Pacto de Estado para la Justicia y un Pacto de Estamentos, incluyendo en el mismo a ingenieros, administradores de empresas y universidades, y reclamó una Ley Orgánica que regule el Estatuto de la Abogacía, igualando el status al de jueces, fiscales y secretarios judiciales. El presidente del Consejo de Procuradores, por su parte, reclamó también un Estatuto propio, y consideró infrautilizado a su colectivo, ofreciendo por ello el apoyo de la Procura a la administración de Justicia para asumir cargas en materia de comunicaciones que permitirían prescindir, entre otros, de los servicios comunes de notificaciones y embargos. Entre los asistentes al acto de ayer hubo importantes personalidades del sector judicial: el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, los vocales del Consejo General del Poder Judicial Antonio Dorado, Claro José Fernández-Carnicero y Ramón Camp, el portavoz de Justicia del PP Federico Trillo, el Consejero de Estado José Luis Manzanares, y magistrados del Tribunal Supremo como Juan Antonio Xiol, Milagros Calvo, Julián Sánchez Melgar o Benito Gálvez.
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