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Impuesto con que algunas comunidades autónomas gravan el combustible para cofinanciar la sanidad El Tribunal de Justicia de Luxemburgo determinará sobre la legalidad del denominado 'céntimo sanitario', impuesto con el que varias comunidades autónomas gravan el combustible para contribuir a financiar la sanidad. Esta instancia europea decidirá sobre el impuesto toda vez que ha admitido la cuestión prejudicial planteada al respecto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, según informaron a Europa Press en fuentes del sector del transporte por carretera. El Tribunal europeo se pronunciará en uno o dos años sobre el impuesto. Según indicaron dichas fuentes, en caso de que sea declarado ilegal, las comunidades que lo aplican se verían obligadas a retirarlo y a devolver con intereses los importes cobrados por esta tasa. Las demandas de las empresas de transporte contra el denominado 'céntimo sanitario' llegan finalmente a instancias europeas dos años después de que comenzaran a recurrirlo ante sus respectivas comunidades autónomas. En el marco de este proceso, una vez que las empresas agotaron la vía administrativa en las comunidades autónomas, las empresas emprendieron la vía judicial. Entonces se planteó que antes de que los distintos tribunales autonómicos se posicionaran sobre el tema, consultaran a Bruselas. De entre todos los tribunales ante los que se planteó esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha estimado, elevando así el proceso hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. En su demanda, las empresas del sector del transporte sostienen que el 'céntimo sanitario' es ilegal, dado que no atiende a la finalidad "no presupuestaria" que tiene que tener por tratarse de un impuesto armonizado a escala europea. El céntimo sanitario (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) se articuló en 2002 y se cedió a las comunidades autónomas. Andalucía, Murcia, Extremadura, Cataluña, Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y desde este año Castilla y León son las comunidades que aplican esta tasa, sobre la que Bruselas ya ha mostrado en varias ocasiones sus reticencias. La patronal del transporte de viajeros en autobús Fenebus indicó que el planteamiento de la cuestión prejudicial de este gravámen afecta a las solicitudes de devolución realizadas por las empresas ha realizado y que actualmente están en tramitación. "Sin poder afirmar el éxito de las solicitudes de devolución, es cierto que las posibilidades han aumentado, al estar este asunto en Luxemburgo y no ser ya competencia de las autoridades españolas ue, por propio interés y dada la situación económica, han vedido desestimando reiteradamente las solicitudes", añade Fenebús.
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