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Se crea una alianza para coordinar a los abogados que representan alrededor de 3.000 perjudicados, entre viajeros, trabajadores y proveedores
La solicitud al Gobierno viene amparada en la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico español de los mecanismos legales que se contemplan en otros países
La adecuada compensación de los afectados es muy importante para recuperar el daño que ha sufrido la imagen de España con el abrupto cierre de Spanair
El Presidente de la Alianza de Abogados del Cierre de Spanair, Juan Ortiz Úrculo, ex Fiscal General del Estado y Socio de Cremades & Calvo-Sotelo y el Secretario General de la misma, Cándido Conde-Pumpido Varela, han anunciado la solicitud que, desde la Alianza, realizarán al Ministro de Justicia, para que incluya, entre las propuestas de reforma de la Justicia que está planteando, la regulación de las demandas colectivas para que el ordenamiento español se ponga al mismo nivel de otros ordenamientos más competitivos. La contratación en masa ha puesto en todos los países en evidencia que los mecanismos de responsabilidad contractual ordinarios no funcionan eficazmente, en supuestos como el de referencia, en el que operaciones comerciales de poca relevancia se reiteran masivamente. Y estos mecanismos de responsabilidad contractual son disciplinarios del comportamiento de las partes: si el beneficio del incumplimiento es menor que la indemnización de ese incumplimiento la parte se disciplinará. Además, este mecanismo de coste beneficio incide además en la litigiosidad por el propio incumplimiento, de forma que sólo si la expectativa de ingreso es muy superior al coste del litigio los consumidores pleitearán y, consecuentemente, el mecanismo resarcitorio disciplinará el recto cumplimiento contractual. El actual ordenamiento español dista mucho de dicha situación, a diferencia de los ordenamientos de otros países que incluyen mecanismos jurídicos más eficaces para la defensa de los intereses de masa. Por esta razón, la Alianza ve necesaria algunos cambios legales, con el fin de incorporar mecanismos de acción conjunta en defensa del interés general de los afectados, acercándose a modelos como el de la class action de USA. La Alianza considera además que el cambio legislativo debe ir dirigido a: (1) la incorporación de una prerrogativa judicial por la que en caso de estos procedimientos de daños a consumidores el juez pueda imponer “penalities”; (2) conseguir que los consumidores tengan un tratamiento similar a los trabajadores ante situaciones de insolvencia del prestador del servicio; (3) los créditos por los incumplimientos contractuales posteriores a la solicitud del concurso deberían considerarse no en razón de la fecha de celebración del contrato si no de la fecha de ejecución, convirtiéndose así en créditos contra la masa. En la reunión mantenida hoy por los distintos representantes jurídicos de los afectados por el cierre de Spanair, se han coordinado las líneas de actuación para defender a los afectados Los despachos que están en la alianza de abogados por el cierre de Spanair son los siguientes: Cremades & Calvo-Sotelo LC Advocats: Alvarez Ossorio y Castro Zaballos Conde-Pumpido y Porres
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