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El Consell de l’Advocacia Catalana valora de forma negativa la resolución de Justicia de modificar algunos módulos para reducir en un 5% el gasto del Turno de Oficio para el 2012
MADRID, 08 de MAYO de 2012 - LAWYERPRESS
 

El CICAC estudiarà en el plenario del próximo viernes la presentación de un recurso ante la Conselleria

El Consell de l’Advocacia Catalana valora de forma negativa la resolución del Departament de Justícia de la Generalitat según la cual se modifican algunos módulos del Turno de Oficio para reducir en un 5% el gasto global para este año 2012. Para alcanzar este objetivo, Justicia ha rebajado un 10% los módulos penales más habituales, así como las indemnizaciones a los abogados de oficio del ámbito laboral. Además, ha reducido el coste de la disponibilidad de los abogados de las víctimas de violencia doméstica y ha introducido nuevos módulos en el ámbito de familia para reducir el coste de los mutuos acuerdos.
El Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), que representa los catorce Colegios de Abogados catalanes, considera que las retribuciones de los abogados no deberían reducirse, teniendo en cuenta que ya se encuentran muy por debajo de lo que se percibiría por la misma actuación en el ámbito particular. Además, las retribuciones -que se congelaron en enero de 2010- ya sufrieron una reducción del 5% el año pasado, que fue fuertemente criticada por los abogados del Turno de Oficio. El Plenario del Consell estudiará, en la reunión que mantendrá el próximo viernes, la presentación de un recurso de reposición ante la Conselleria de Justicia, contra la resolución.
Para el CICAC, estos recortes no son ninguna solución, y sólo se logrará una mejora de la partida en justicia gratuita cuando se actúe en los dos frentes más importantes: por un lado evitar al máximo la judicialización de conflictos mediante la orientación previa y resoluciones alternativas como puede ser la mediación, y por otro reforzar los mecanismos que ayuden a detectar el abuso y controlar las situaciones en las que el ciudadano ya no es beneficiario de justicia gratuita.

 


 

 


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