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Expertos en propiedad intelectual se muestran satisfechos por el cierre de páginas de internet de descargas ilegales, a la espera de las primeras resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional. Casi una quincena de páginas que presuntamente vulneraban derechos de propiedad intelectual han cerrado voluntariamente desde que la Ley Sinde está en vigor. Así lo señalaron el responsable de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, y el director de prevención del fraude de la Asociación de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (Agedi) y Promusicae, José Luis Pérez Quintero, en una tertulia organizada por la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual (AEDPI) y la editorial jurídica El Derecho Grupo Francis Lefebvre, con el objetivo de retratar el actual escenario por el que atraviesa la creación de obras en sus diferentes ámbitos en esta coyuntura de crisis económica. Una mesa de expertos, integrada también por José María Anguiano, socio de Garrigues y Antonio Cueto, de la firma Bird & Bird. Anguiano matizó que si bien la Ley Sinde se presenta como un “instrumento de represión que no contempla sanción, sino que su objetivo es reparador”, tiene un componente muy positivo, “el que contemple los enlaces en una nueva realidad digital donde constantemente se vulneran derechos constitucionales”. La mesa de expertos se mostró satisfecha con el cierre de páginas de descargas como Megaupload, y mostró su sorpresa por el rechazo al Acuerdo Multilateral Comercial contra la Falsificación -conocido como ACTA-, por el Parlamento Europeo, presentada como una iniciativa internacional para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y detener la proliferación de falsificaciones. Una decisión que según Antonio Cueto “generará perjuicios a la propiedad intelectual europea, a sus empleos y economía”. En cuanto a las razones que apuntan al cierre de estas páginas previsiblemente ilegales, Tourné y Pérez Quintero indicaron dos: por un lado, el que deseen convertirse en plataformas legales de descargas y por otro, para atraer la atención de las gestoras de publicidad. Sin duda, una buena noticia para la Comisión de Propiedad Intelectual que confía en que la Audiencia Nacional avale sus tesis a la espera de que se produzcan las primeras resoluciones judiciales. Y una ruptura de la tendencia alcista en la tasa de piratería que durante 2011 superó el 77% con un volumen de fraude de 11.000 millones de euros. Por otra parte, Antonio Cueto expresó su rechazo a la reforma del Código Penal de 2010 que rebajó a falta las penas contra los “manteros” acusados de un delito de piratería cuando su beneficio económico generado de la venta no supere los 400 euros, con la consiguiente rebaja del plazo de prescripción a tres meses, “con lo que estos delitos finalmente prescriben y los acusados son absueltos por nuestros juzgados y tribunales”, resaltó. En definitiva y a modo de conclusión, todos ellos ahondaron en la necesidad de concienciar a la sociedad desde las propias aulas educando en la creatividad y la lengua española como valor, en contar con unas reformas legales sencillas para que los jueces tengan claro cómo aplicar las leyes, una actuación coordinada y equilibrada por parte de las entidades de gestión, mayor implicación y responsabilidad de nuestros gobiernos y dotar de más medios a la Comisión de Propiedad Intelectual, puesto que “al fin y al cabo, es la encargada de velar por la protección de los legítimos titulares de las obras”.
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