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El colectivo de jueces de Castellón ha acordado este viernes pedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) defienda los intereses de la carrera judicial y la retirada de las reformas legales planteadas al considerar que supone un "recorte de derechos estatutarios" y que tienen por objeto el "control" del poder judicial. Así, la junta de jueces reunida este viernes, presidida por el juez decano, José Luis Conde-Pumpido, y en la que también estaban los magistrados de la AUDIENCIA PROVINCIAL de Castellón, ha decidido adherirse a las propuestas formuladas por las asociaciones de jueces y fiscales y a las medidas que en el mismo se proponen ante los "problemas" de la administración de justicia. El presidente de la AUDIENCIA PROVINCIAL, Carlos Domínguez, ha informado en rueda de prensa que los magistrados han acordado además, exigir al CGPJ que defienda los intereses de la carrera judicial "frente a imposiciones unilaterales del MINISTERIO DE JUSTICIA a fin de que, por consenso, se lleven a cabo las verdaderas reformas que se necesitan para que la Justicia que exigen los ciudadanos responda de verdad a sus expectativas". Así mismo, han recordado que los jueces y magistrados han sufrido recortes "como todos los españoles, incluso en mayor medida que otros colectivos a pesar de la alta responsabilidad e incompatibilidades que tienen en su función". Según aseguran, sus reclamaciones no son sólo económicas o estatutarias, sino que "van encaminadas a conseguir la retirada de las reformas legales planteadas que parecen tener por objeto el control político del poder judicial y terminar así con su independencia". Por su parte, el decano de los jueces de Castellón, José Luis Conde-Pumpido, también ha señalado que la junta general de jueces ha acordado reivindicar una actitud "más contundente" de CGPJ en la defensa de los intereses de la carrera judicial, así como mostrar su "más enérgica repulsa" al Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). DESCARGAR LAS CARENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN Los jueces denuncian el "gravísimo" recorte de derechos que supone dicha reforma y aseguran que el espíritu de la misma es "descargar sobre unos jueces, ya de por sí desbordados, todas las carencias de la Administración de Justicia". Al respecto, indican que el sistema de sustituciones que se propone es "inviable y no va a llevar más que a aumentar el colapso de los juzgados y la pérdida de la calidad de las resoluciones". Finalmente, los jueces han manifestado su disposición a secundar cualquier medida de presión que se convoque a nivel nacional y, en este sentido, el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, ha apuntado que la convocatoria de una huelga sería el "último recurso" como medida de presión. Carlos Domínguez ha destacado el hecho de que, "por primera vez", se haya conseguido el acuerdo de todas las asociaciones de jueces y fiscales "para defender los intereses de la carrera judicial y plantar cara a las reformas que se han anunciado desde el MINISTERIO DE JUSTICIA de forma unilateral". El presidente de la Audiencia ha destacado la carga de trabajo que tienen los jueces en España, "donde hay un ratio de 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21,3 jueces". Así mismo, ha señalado que España es el cuarto país europeo con más índice de litigiosidad. "Con esta sobrecarga de trabajo y la escasez de jueces sólo queda reducir la entrada de asuntos a los juzgados o adecuar la planta judicial a las necesidades reales", ha añadido Domínguez, quien considera que la propuesta de reforma "no nos parece el mejor remedio para atajar estos males". DEMORAS Además, ha explicado que en los cuatro juzgados de lo penal de Castellón puede pasar un año y medio desde que entra un asunto hasta que se señala el juicio, el mismo tiempo que puede pasar en el juzgado de vigilancia penitenciaria desde que un preso solicita un permiso hasta que hay una resolución y se recurre ante la Audiencia. Finalmente, preguntado por futura implantación de las tasas judiciales en la Comunitat Valenciana, ha subrayado que "se puede admitir que hay gente que acude a algunos litigios para dilatar el proceso, pero exigir tasas demasiado elevadas puede suponer restringir el derecho de todos los ciudadanos a acudir a los tribunales". Al respecto, Conde-Pumpido ha manifestado su temor de que las tasas sean "para incrementar la recaudación".
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