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Durante la manifestación del 25-S y las concentraciones posteriores se han producido diversas cargas policiales contra los ciudadanos que participaban en las mismas. Desde Jueces para la Democracia debemos recordar que el derecho fundamental de manifestación resulta esencial en una sociedad democrática y plural. Cualquier limitación del mismo a través de la fuerza institucional debe practicarse de forma restrictiva y en el sentido más favorable a que pueda ejercerse el derecho fundamental. Sin embargo, con el pretexto de actuar contra unos pocos violentos, durante estos días la actuación policial se ha practicado reiteradamente con un uso extensivo y desproporcionado de la fuerza institucional, impropio de nuestro sistema de derechos fundamentales, lo cual ha provocado la restricción del derecho de manifestación de miles de ciudadanos que lo estaban ejerciendo de forma pacífica. Además, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se han podido observar numerosas imágenes en las que las fuerzas de seguridad golpeaban de forma injustificada a ciudadanos indefensos que se comportaban pacíficamente. Desde Jueces para la Democracia reclamamos a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que se abra una investigación para que se determinen las responsabilidades que correspondan ante las citadas conductas. Y también debe aclararse institucionalmente cuál ha sido el papel de los posibles agentes infiltrados en el conjunto de los incidentes producidos. Por otro lado, desde Jueces para la Democracia consideramos necesario que la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior ofrezcan explicaciones de por qué autorizaron o consintieron que los agentes actuaran sin la preceptiva placa identificativa, lo cual vulnera la normativa vigente. Hay que recordar que el fundamento de la citada normativa, según se indica de forma literal en la misma, es que los ciudadanos puedan identificar a los agentes en caso de que se produzcan excesos en su actuación, pues en caso contrario se produciría indefensión, lo cual resultaría inconstitucional. Sin embargo, la propia falta de identificación de los agentes dificulta en grado extremo cualquier investigación sobre la actuación policial, por lo que las autoridades políticas deberían explicar por qué han permitido esta situación. En nuestro Estado Constitucional las instituciones no autorizan el derecho fundamental de manifestación, sino que deben limitarse a garantizarlo. No obstante, actuaciones como las que se han producido durante estos últimos días han mostrado una actitud institucional contraria al derecho de manifestación y a la libertad de expresión que lo acompaña necesariamente. Sin duda, estas actuaciones difícilmente pueden beneficiar la imagen de nuestro país y de nuestro Estado de Derecho en el ámbito internacional.
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