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Critica, también que no se hayan explicado las razones del cese de la anterior consejera y su sustitución.
Reclama que el nuevo Gobierno de la Comunidad se pronuncie sobre la unificación de sedes, las necesidades de planta judicial, el desarrollo de la oficina judicial y el funcionamiento de la justicia gratuita.
Llama a las organizaciones y colegios profesionales de Madrid a exigir soluciones para un eficaz funcionamiento de la justicia en Madrid
La elección de un nuevo presidente de la Comunidad de Madrid ha traído consigo el nombramiento de un nuevo responsable de justicia. La consejera anterior Regina Planiol ha sido sustituida por Salvador Victoria. Se ignoran las razones que han llevado al nuevo Presidente de la Comunidad a esta sustitución como también se ignora su proyecto y el de su gobierno en materia de justicia. En las escasas líneas que Ignacio González dedicó en su debate de investidura a la justicia, se limitó a loar los esfuerzos de los gobiernos del Partido Popular sin ofrecer ningún proyecto, ningún compromiso para abordar la situación de la administración de la justicia en Madrid. Esta falta de proyecto y compromiso se produce en un momento particularmente grave por el deterioro del funcionamiento de los juzgados y tribunales e incide en la falta de definición de los dirigentes de la Comunidad de Madrid. Recuérdese que muy recientemente Esperanza Aguirre amagó con devolver las competencias de Justicia a la administración central, especialmente las referentes a la gestión del turno de oficio. La consejera destituida impulsó un estudio sobre el estado del la administración de justicia en Madrid que puso de manifiesto las importantes carencias en materia de organización, gestión y medios de la justicia madrileña, carencias en las que también han incidido las distintas memorias de los Presidentes de los Tribunales de la región: la dispersión e inadecuación de las sedes judiciales, tras el abandono por razones no aclaradas del proyecto Ciudad de la Justicia; la necesidad de mejorar la planta judicial, incapaz de hacer frente al elevadísimo número de asuntos que se tramitan en la región; la puesta en funcionamiento de la nueva oficina judicial y su modernización para conseguir una gestión eficaz de los recursos; la retribución de los abogados del turno de oficio, son solo algunos de los requerimientos a los que el Presidente de la Comunidad y su gobierno debe dar respuesta de manera inmediata. Es verdad que nuestro país atraviesa una grave situación política y económica. Pero difícilmente la economía puede funcionar sin un adecuado funcionamiento de la justicia. Y es en los momentos de crisis cuando los derechos de los más débiles necesitan una mejor tutela y su protección requiere una más eficaz actuación de los juzgados y tribunales. Evidentemente la justicia no es un problema de jueces. Es un problema de todos los ciudadanos y son estos a través de sus organizaciones sociales y políticas las que deben de exigir del gobierno su adecuado funcionamiento. Pero somos los jueces, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores y demás profesionales que trabajan en los tribunales quienes mejor conocemos sus problemas. Nuestras organizaciones, los colegios de procurados y abogados no podemos convertirnos en simples espectadores ante el creciente deterioro. Debemos exigir al Gobierno de la Comunidad y a su Presidente se comprometan de inmediato en un proyecto que responda a las necesidades de la Justicia en la Comunidad de Madrid, y exigir y vigilar su cumplimiento.
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