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NOTICIAS de los Colegios de Abogados de España
Solicita a los grupos con representación parlamentaria que tengan en consideración la propuesta de enmiendas que en tal sentido ha remitido la Abogacía Española a la Comisión de Justicia del Congreso
La Junta de Gobierno del ICAIB insiste en que de aplicarse el proyectado aumento de tasas se limitará de forma grave el acceso a los tribunales de parte de la población, dado que, sobre todo en momentos de crisis económica, muchos ciudadanos no podrán asumir el pago
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, ha remitido esta semana una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para trasladarle la preocupación de la abogacía balear por el aumento “exagerado” de las tasas judiciales y la extensión de las mismas a jurisdicciones donde antes no existían, medidas que están previstas en el Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia que ahora se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados. En la carta, el decano da cuenta al ministro del acuerdo que en tal sentido adoptó el pasado día 28 de septiembre la Junta de Gobierno de la corporación colegial, en el que se advierte que la proyectada aplicación del pago de tasas judiciales a toda persona que quiera defender sus derechos y legítimos intereses en determinados órdenes jurisdiccionales y/o solicitar la revisión de aquellas resoluciones que considere injustas, “limitará de forma grave el acceso a la justicia de gran parte de la población, sobre todo en momentos en que la prolongada situación de crisis ha mermado de forma más que considerable los ingresos de los ciudadanos y los recursos de las familias”. En similar sentido, el decano de los abogados se ha dirigido, también por carta, a los grupos con representación parlamentaria, a los que solicita que tengan en consideración la propuesta de enmiendas que, contra el aumento de las tasas, ha remitido el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Finalmente, la abogacía advierte que el citado incremento y la extensión de las tasas presentan un difícil, si no imposible, encaje con el derecho de todo ciudadano a una tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución. Conviene recordar que el ICAIB fue una de las primeras corporaciones en expresar su rechazo al aumento y la ampliación de las tasas, por entender que su aplicación puede quebrar el principio de igualdad y originar una brecha social, dado que, entiende la abogacía balear, la imposición de las mismas creará, en la práctica, una justicia para ricos y otras para personas con recursos económicos más limitados. Y es que, aun cuando los letrados consideran plausibles las propuestas que se dirijan a reducir los tiempos de la justicia y a la descongestión de los tribunales, se oponen con rotundidad a que tal objetivo se realice con medidas que, consideran, “supondrán un grave retroceso de los derechos de las personas y de su derecho de defensa”.
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