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El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) considera que la imposición de nuevas tasas imposibilita el acceso de los ciudadanos a la Justicia y supone un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva y un ataque frontal al Estado de Derecho. El ICAV, a través de su Decano, Mariano Durán, ha manifestado un contundente rechazo al proyecto de ley de reforma de las tasas judiciales, aprobado en Julio por el Consejo de Ministros y que se justifica con la finalidad de asegurar el sostenimiento de los gastos de la Justicia Gratuita. El proyecto de ley de tasas judiciales pretende imponer tasas altas y disuasorias en todas las jurisdicciones, excepto penal, para todas las personas jurídicas y físicas, sea cual sea su nivel de ingresos, salvo que tengan derecho a justicia gratuita (con unos ingresos por unidad familiar inferiores a 1.100 euros al mes). Esta situación puede disuadir a muchas personas, sobre todo a las que poseen recursos insuficientes, a pedir la revisión de aquellas resoluciones judiciales que consideran injustas o perjudiciales para sus intereses. Además, el hecho imponible de la tasa se extiende a la interposición de demanda o recurso de los distintos procesos previstos en el orden civil y en el contencioso administrativo, así como la interposición de los recursos de apelación y de casación en el orden civil y contencioso administrativo y de los recursos de suplicación y de casación en el orden social. En línea con los argumentos esgrimidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), (que ha remitido a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, enmiendas al citado proyecto de ley), el Colegio de Abogados de Valencia estima que “El Derecho de Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden imponerse como excusa para pagar a los Abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita”. En este sentido el ICAV mantiene que el gasto en Justicia Gratuita apenas representa un 6,5% del gasto en justicia y debería ser financiada desde los presupuestos y los impuestos de todos y no mediante tasas especiales. La Abogacía debería haber sido consultada ante esta importante reforma que va a afectar básicamente a las clases medias a partir de su entrada en vigor prevista para 2013 y que puede acabar propiciando una justicia para ricos y otra para personas con pocos recursos. En opinión del Decano del ICAV, Mariano Durán: “Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales y no puede impedirse ese acceso con un sistema de tasas que perjudica a quienes menos medios económicos tienen y crea una justicia económicamente inasumible para los menos favorecidos”. En nuestro caso, “siempre hemos apoyado al aumento de vías de solución extrajudicial de los conflictos, tales como la mediación y el arbitraje, pero es equivocado intentar evitar la litigiosidad en base a poner impedimentos de carácter económico”. Cuantía de las tasas Para calcular la cuantia de las tasas se establece una parte fija, más otra cantidad variable y con un máximo de 10.000 euros para todos. Es decir, la cuantía va a resultar igual para una persona física que para una gran empresa o para una pyme. Además, el proyecto establece que la nuevas tasas no afectan a la Administración General, las autonomías, las entidades locales y todos sus organismos públicos.
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