Pilar Martínez y Ángel Lagar

Pilar Martínez Abogados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, a instancia de la Parroquia Rural de Páramo, presidida por Ángel Lagar Patallo,  ha obtenido sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, logrando la nulidad radical y completa del Decreto por el que se aprobaba el primer Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de diversos espacios protegidos de la montaña Central Asturiana y que declaraba Zonas de Especial Conservación Aller-Lena, Caldoveiro, Montovo-La Mesa, Peña Manteca Genestaza, Peña Ubiña y Valdegrande.

El TSJ de Asturias ha estimado dos de las principales causas invocadas por la abogada: la falta de memoria económica y la carencia, dentro del plan de desarrollo sostenible del IGI, de actividades anuales, objetivos y líneas maestras de actuación, así como de inversiones. “La sentencia incide y ha tenido en cuenta dos de las causas de nulidad que afectan directamente al desarrollo social y económico de la zona y constituían por ello una de las mayores preocupaciones para la Parroquia Rural de Páramo”, explica Pilar Martínez.

La letrada destaca que “la consecuencia práctica” de la resolución judicial, “además de la nulidad completa de un decreto enormemente restrictivo para los intereses de estos municipios y sus habitantes, residentes, empresarios y vecinos en general” es que el nuevo instrumento de gestión que se redacte “deberá contar ineludiblemente, por un lado, con una memoria económica que incluya partidas presupuestarias reales para hacer frente a las compensaciones e indemnizaciones por las restricciones que este instrumento supone para los derechos individuales previamente consolidados y, por otro lado, con un real y efectivo plan anual de inversiones para las zonas afectadas”, tal y como venía invocando esta Parroquia en sus repetidos intentos de dialogo con el Principado.

La sentencia, de gran transcendencia, supone la anulación completa del decreto y, con ello, no solo la nulidad de la declaración de las ZEC mencionadas, sino también del instrumento de gestión de los espacios protegidos de toda la Montaña Central de Asturias. Es la segunda vez que la Parroquia Rural de Páramo logra la nulidad del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Ubiñas La Mesa, que “nunca ha llegado a tener un instrumento de gestión válido”.

Pilar Martínez, defensora de un enfoque equilibrado entre el uso rentable de los recursos naturales y la conservación medioambiental, lamenta que “una vez más para la defensa de los derechos e intereses fundamentales, los afectados tengan que recurrir a los tribunales con el consiguiente gasto económico, de tiempo y esfuerzo”. El Presidente de la Parroquia, Ángel Lagar, recuerda que es la segunda vez que les obligan a acudir a tribunales cuando ya había una jurisprudencia clara al respecto, que el Principado volvió a incumplir con este IGI.

“La normativa europea en relación a la implantación y desarrollo de Red Natura y su figuras de protección (ZEC, LIC y  ZEPA),  nuestras leyes y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha pronunciado en diversas ocasiones, exigen, en todo caso, compensaciones individuales por estas limitaciones a los derechos previamente adquiridos y consolidados por los afectados, así como la consiguiente previsión presupuestaria para aprobar la norma y la aprobación de Planes de Desarrollo Sostenible y esto rara vez ocurre”, matiza Pilar Martínez.

La abogada y Ángel Lagar instan, así, al Principado de Asturias a que “reflexione y acometa este tipo de regulaciones desde posiciones dialogantes, responsables, serias y rigurosas, teniendo en cuenta que lo que está en juego es algo tan relevante como el futuro de la zona rural de Asturias y sus habitantes”.

Con 20 años de experiencia en derecho medioambiental, Pilar Martínez Abogados lleva y dirige otros casos relevantes en distintos lugares de España y Asturias, como el del Decreto regulador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en representación de propietarios de terrenos. Su nulidad ha sido instada por segunda vez ante el TSJ de Asturias y se sigue ante el Tribunal Supremo para lograr hacer efectivas las sentencias de nulidad ganadas con anterioridad y que obligaban a indemnizar a los afectados. La actuación en este y otros casos ha incluido comparecencias parlamentarias ante la Comisión Europea en defensa de grupos implicados y participación en la elaboración de proposiciones normativas.