Baltasar Garzón lleva a la ONU el debate sobre  la Jurisdicción Universal

Publicado el miércoles, 14 septiembre 2016
Baltasar Garzón

Baltasar Garzón

Baltasar Garzón, jurista  y presidente de FIBGAR; Benjamin Ferencz, fiscal de Nuremberg  y actualmente presidente de Planethood Foundation; y Demba Kandji,  juez de la Corte Suprema de Senegal responsable de la orden de arresto contra Hissène Habré, intervienen este miércoles 14 de septiembre en la sede de Naciones Unidas para hablar de la Jurisdicción Universal. Este instrumento jurídico, cada día más importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad independientemente de fronteras y países, centrará el encuentro titulado Jurisdicción Universal: de Nuremberg a nuestros días. Debate sobre su aplicación a casos concretos

El panel, organizado por FIBGAR y la misión permanente de Costa Rica en la ONU se iniciará con la intervención de Juan Carlos Mendoza, embajador y representante permanente de Costa Rica y Owen Pell, presidente del comité de dirección de AIPR y socio de White & Case LLP. La discusión interactiva se centrará en el papel de la Jurisdicción Universal en la lucha contra la impunidad y estará moderado por Gina Guillén Grillo, presidenta del Sexto Grupo de Trabajo sobre Jurisdicción Universal y consejera legal de la misión permanente de Costa Rica en Naciones Unidas.

El juicio de Hissène Habré, sentenciado en Senegal el 30 de mayo pasado ha demostrado que la Jurisdicción Universal es un instrumento valioso para las víctimas de todo el mundo a la hora de luchar contra la impunidad. El compromiso creciente para detener y perseguir crímenes internacionales en África y Sudamérica consolida el llamamiento global para unificar criterios de jurisdicción que permitan a los tribunales locales de los países ver casos presentados por víctimas que han sufrido esos crímenes fueran de sus frontera.

Desde una perspectiva de prevención de crímenes atroces, la Jurisdicción Universal progresa en la responsabilidad y en la idea de luchar contra estos delitos a través de la certeza y la dureza del castigo, enfatizando la prevención y ayudando a extender globalmente la idea de que los crímenes atroces sobrepasan ampliamente la esfera de lo moral o políticamente aceptable.

En esta etapa, también parece apropiado debatir el futuro de la Jurisdicción Universal y cómo la implementación extraterritorial de la ley penal puede convertirse en instrumento de mejora de ayuda legal mutua entre jueces y fiscales con el fin de perseguir crímenes internacionales y delitos transfronterizos como el terrorismo.

Aunque España fue pionera en la aplicación de la Ley de Jurisdicción Universal, con casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet que instruyó el juez Garzón desde el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional,  el procedimiento retrocedió  en España desde la reforma legal de 2014 que el Gobierno de Mariano Rajoy  emprendió ante la protesta del Gobierno chino por la petición de extradición de algunos de sus principales dirigentes en el caso Tíbet.

Se ha conseguido no obstante continuar en España con  investigaciones sobre crímenes contra la humanidad que afectan a víctimas foráneas.  Es el caso de Boko Haram. La Fundación Internacional Baltasar Garzón presentó en  España querella contra el grupo terrorista y su líder Abubakar Shekau, por actos de terrorismo y crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos en Nigeria y países vecinos contra la población civil desde 2009 en adelante. También el caso Ellacuría, que refiere el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres el 16 de noviembre de 1989 en la universidad José Simeón Cañas en San Salvador, sigue vivo y en fase de orden internacional de arresto desde la Audiencia Nacional de algunos de los presuntos responsables.  Continúa también abierto el caso Sáhara que se inició  por genocidio, crímenes de guerra y torturas presuntamente cometidos por oficiales marroquíes contra saharauis entre 1975 y 1991.

Los casos cuya investigación no se ha podido realizar en España al haber sido cerrados por la reforma de la Ley  de Jurisdicción Universal son en un somero repaso el del genocidio de Tíbet;  el de José Couso, cámara de Telecinco asesinado en la guerra de Irak por tres soldados norteamericanos acusados por crimen de guerra y el  caso Guantánamo, que abrió en España el juez Baltasar Garzón,  suspendido a pesar de tratarse de presuntas torturas contra ciudadanos españoles internados en el campo de detención norteamericano en Cuba.

Mención aparte merecen los casos de  la querella por crímenes franquistas cometidos entre 1936 y 1977 que se instruye en Buenos Aires, Argentina ante la imposibilidad de investigarlos en  España, el país en que se cometieron.

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