Hoy arranca el III Congreso de la Abogacía Valenciana que, tras diez años desde su segunda edición, afronta los numerosos cambios que en esta última década ha vivido el sector legal y la práctica de la abogacía en nuestro país. Entrevistamos a Vicente Pascual, presidente del Congreso y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, sede del encuentro.
Lawyerpress (LP): ¿Qué objetivo primordial tiene este III Congreso?
Vicente Pascual (VP): El Congreso pretende ser un lugar de encuentro de la abogacía valenciana para compartir y profundizar en conocimientos que afectan a la profesión, y que abarcan desde materias en las que se están produciendo importantes innovaciones por vía normativa o jurisprudencial hasta materias que afectan a la gestión de los despachos, u otras que afectan al papel de la abogacía en la sociedad.
LP: ¿Hay alguna diferencia significativa respecto a las dos anteriores ediciones, la de Benidorm en 2003 y en Castellón tres años después?
VP: Básicamente que las materias entonces tratadas se correspondían con las necesidades de aquellos tiempos. Pero los objetivos generales, dirigidos a alcanzar la excelencia en el ejercicio profesional, ya estaban presentes en los anteriores congresos.
LP: Esta excelencia a la que se refiere, ¿está presente en la abogacía española teniendo en cuenta la transformación que los despachos deben afrontar con los cambios normativos y tecnológicos o, por ejemplo, la crisis económica?
VP: Efectivamente, la abogacía no es ajena a la realidad de la sociedad en la que vive y a la que sirve. La crisis que pronto cumplirá diez años ha golpeado también a la abogacía. Y a ella los abogados han debido enfrentarse con más formación, más trabajo, y más eficiencia. En el camino hacia la excelencia de la profesión hay que recordar que la necesaria ley de acceso a la abogacía, y el master profesional que ha sido su necesaria consecuencia, adolece hoy de una inexplicable prueba tipo test que no es idónea para valorar las competencias profesionales del futuro abogado.
LP: ¿Y tecnológicamente? ¿Se ha modernizado el sector?
VP: Mire, pese a la crisis la abogacía está inmersa en un profundo cambio tecnológico. Y en este contexto debo decir que resulta lamentable que Lexnet haya supuesto en la realidad más un problema que una solución. Los abogados valencianos hemos tenido la «fortuna» de que Lexnet no ha estado operativo en nuestra comunidad, en sus partes más novedosas, prácticamente hasta el día de hoy, en que la presentación de escritos aún se encuentra en pruebas, por la falta de medios de la administración, derivada de los problemas de infrafinanciación que sufre esta comunidad.
LP: La abogacía española en general y valenciana en particular, ¿está preparada para las exigencias que reclaman hoy las empresas a un servicio legal?
VP: Desde luego. Estoy plenamente convencido de que los despachos de abogados están hoy a la altura de lo que les demandan sus clientes, todos sus clientes, muy especialmente si estos clientes son empresas. Si me permite singularizar en mi ciudad, Elche es clara y netamente industrial, con una muy potente industria de calzado, además de otros sectores, con un tejido empresarial muy tupido. Los despachos de abogados de nuestra ciudad y comarca atienden con suficiencia y brillantez todas las áreas en las que una empresa moderna e innovadora necesita asesoramiento jurídico, o defensa ante los tribunales. Y pienso que ello ocurre en la generalidad del país. España tiene una excelente abogacía que está en constante proceso de formación continua.
LP: Volviendo al Congreso, ¿qué taller destacaría de las numerosas propuestas que proponen?
VP: Todos los talleres son enormemente interesantes, y abarcan muchas especialidades del ejercicio profesional. Pero si yo tuviera que destacar un taller, en atención a mi práctica profesional, optaría por el área civil y mercantil, en la que trataremos las responsabilidades del banco por los anticipos del precio en la compraventa de viviendas. Estamos ante una jurisprudencia nueva, extraordinariamente relevante del Tribunal Supremo, que probablemente supone una revolución en la materia, como lo fue en su día la ley 57/1968, y que a mi juicio puede considerarse tributaria tanto del contexto de crisis económica e inmobiliaria que ha sufrido y sufre el país, como de los enormes avances que se han dado en las últimas décadas en materia de protección de los consumidores. Es una jurisprudencia que hoy supone una esperanza para muchos compradores de viviendas, y que inevitablemente va a modificar los protocolos de trabajo de la banca y de las empresas promotoras.
Programa del III Congreso de la Abogacía Valenciana. Elche, 22 y 23 de septiembre