La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), con la participación de las Fundaciones Tutelares adheridas y el apoyo del Real Patronato de la Discapacidad publica un estudio que profundiza en el nivel de reconocimiento y cobertura pública de los servicios de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de personas mayores de edad, con discapacidad intelectual que no cuentan con apoyos naturales y que necesitan y reciben apoyos profesionales, atendiendo el mandato judicial.
El “Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España. Servicios de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica” se enmarca en el concepto de la capacidad jurídica de las personas y en la provisión de apoyos para el ejercicio de esta capacidad tal y como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre otras cuestiones, el estudio concluye que, ante el progresivo crecimiento de la demanda -a un ritmo del 6% anual- y la necesidad de los servicios de apoyo tutelar que prestan las Entidades Tutelares de la AEFT, existe un déficit e inestabilidad de los recursos económicos para financiar este crecimiento, así como dificultades para acceder a otras fuentes de financiación.
Asimismo expone que existe un desigual reconocimiento y garantía de los servicios de apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual (servicios de tutela) entre las Comunidades Autónomas, lo que genera desigualdades para la ciudadanía en el acceso y garantía de estos servicios. A las diferencias entre CC.AA, se le suma el desigual nivel de apoyo público, que en todos los casos resulta deficitario para cubrir el gasto que supone un adecuado desarrollo de estos servicios de acuerdo con el Modelo de provisión de apoyos a la persona para el ejercicio de su capacidad jurídica asumido por la AEFT en aplicación de la Convención.
En la evolución del perfil de las personas bajo apoyo tutelar se observan factores y características que comportan mayor complejidad en el ejercicio del apoyo tutelar. Por ejemplo, se ha producido un importante incremento de personas que presentan patologías, limitaciones o trastornos asociados a la discapacidad intelectual. Además, un 80% de las personas apoyadas por las Fundaciones Tutelares cuenta con escasos recursos y se sitúan o están muy próximas al umbral de la pobreza.
