En plena efervescencia por el compliance en nuestro país, se van poniendo los puntos sobre las íes para desbrozar el grano de la paja: poner coto al ‘todo vale’ en la elaboración de los planes de prevención e intentar sistematizar el proceso a través de normas como la ISO 37001. Una ISO de carácter internacional que busca crear un marco contra la corrupción en general y el soborno en particular en el ámbito empresarial.
Un soborno que, a nivel mundial, está más extendido de lo que podríamos imaginar y con algunas particularidades a tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas anti soborno para las corporaciones. Por ejemplo, según el informe de OECD Foreign Bribery Report, en más de la mitad de los casos de soborno corporativos están involucrados los CEO o la alta dirección de las empresas implicadas. Y en más del 75% de los casos de corrupción aparece la figura de los intermediarios, de los terceros.
¿Funcionan las políticas anti corrupción que forman parte del compliance en las estructuras de las empresas, especialmente de las grandes empresas? Pues, a juzgar por los datos que aporta otro revelador informe, Beneath the Surface Bribery and Corruption Report, no demasiado. Encuestados más de 500 directivos de empresas de más de 500 empleados de diversas jurisdicciones, entre ellas España, el 95% de ellos considera que el soborno es un problema grave. A la hora de evaluar las políticas anti soborno la cosa empeora: solo un 41% piensa que estas políticas funcionan bien en la práctica y, atención, solo un 32% de los encuestados dicen entenderlas. La guinda llega cuando el 87% de estos altos directivos aseguran que estas políticas entorpecen la buena marcha de los negocios.
“Está claro que algo estamos haciendo mal”, aseguraba este lunes Cristina del Val, Legal Counsel, Legal & Business Integrity en Mondelez Internacional, durante el II Encuentro Cumplen. “El problema parece ser el desarrollo de estas políticas anti corrupción. Para mí es fundamental entender cómo funciona cada departamento de la empresa y entender a qué prácticas de soborno se están enfrentando cada uno de los trabajadores en función de su departamento. Y por otro lado, comunicar estas políticas anti soborno de manera simple y creativa al conjunto de la empresa”.
Del Val puso como ejemplo de herramienta para aplicar las políticas anti corrupción en las empresas la ISO 37001, una normativa internacional anti soborno. “Es un marco internacional en buenas prácticas para detectar y combatir el soborno. El interés ya no es solo la certificación. La ISO es voluntaria, pero probablemente todos los requerimientos que ahora son voluntarios y que aparecen en esta norma acabarán imponiéndose. Facilitará la vida a la compañía para demostrar que la empresa lo ha intentado todo para impedir las actividades de soborno. Genera confianza en las relaciones frente a terceros y mejora la reputación de las compañías claramente”, ha explicado Del Val.
Esta norma tiene diversas características pero algunas de las más llamativas son que implica a terceros, es decir, a intermediarios; es aplicable a los business associates; se basa en unos principios de proporcionalidad y razonabilidad en referencia a los skateholders de nuestra compañía: cuáles son y qué expectativas tienen; y su aproximación a la realidad de la empresa se basa en el riesgo, es decir, en un mapa de riesgos diseñado ex profeso para esa compañía de manera exclusiva.
