La necesidad de reforzar correctamente los derechos de los menores y el “daño social” producido por el conocido como “caso Nadia” en familias con hijos en situaciones similares han sido algunas de las conclusiones principales del debate celebrado sobre esta mañana en el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, en Madrid.

Para Javier Urra “hay que defender a la infancia para que nadie se aproveche de ella” y añadió, en este sentido, que algunos progenitores entienden la Patria Potestad como la posibilidad de hacer lo que quieran con los menores a su cargo: “En este tema, el cliente, los padres, no siempre tienen la razón”. Igualmente, pidió cautela a la hora de abordar públicamente temas relacionados con menores, especialmente en los medios de comunicación.

Por su parte, la magistrada Concepción Rodríguez hizo una detallada exposición de los preceptos legales, civiles y penales, que regulan la materia en nuestro país. En un momento de su intervención se detuvo a hablar sobre los castigos físicos, mostrándose contraria a la “torta” y recordó que en este asunto nuestro país ha vuelto a demostrar el “efecto péndulo” pasando de un extremo a otro y sin saber si nos quedaremos en algún lado: “la torta – dijo- no tiene ningún efecto educativo; pegando no vas a cambiar a ningún menor”.

Para la abogada Paloma Zabalgo, la dificultad del trabajo de los letrados en estos temas está muchas veces en el mínimo detalle que exigen los casos y que en otras tantas ocasiones tienen más que ver con la animadversión entre los progenitores, que con la búsqueda del bienestar del menor. Sobre los castigos a menores defendió el “derecho y el deber de corrección” sin sobrepasar ningún límite razonable de castigo.

El acto fue clausurado por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, quien, entre otras cosas, afirmó que “sólo con medidas represivas no se solucionan los problemas del menor” y abogó por la necesidad de educar a todas las partes intervinientes en cualquier tipo de proceso relacionado con menores, desde los profesionales a los familiares, sin olvidar que cada caso requiere una respuesta concreta: “Estamos ante un problema educativo, no sólo penal” dijo.