La tecnología es ya una herramienta transversal que se ha posicionado como imprescindible en todos los sectores, también el financiero. La crisis económica, con el consecuente freno al crédito bancario, ha abierto en España una puerta que en otras economías como la británica o la estadounidense ya hace tiempo que llegaron para quedarse: la puerta de las llamadas ‘fintech’. Pero la burocracia y la falta de un marco jurídico propio complican su desarrollo.
A pesar de englobar diversas actividades económicas, las fintech son conocidas sobre todo como aquellas empresas que unen finanzas y tecnología. Puede ser un banco tradicional ofreciendo nuevos servicios a sus clientes basados en tecnología punta. Pero también son todas aquellas empresas que, desde la tecnología, conforman el universo de la financiación alternativa. Por poner un ejemplo, el crowfunding (o micromecenazgo) es fintech.
Muchas empresas, especialmente pymes, han optado por esta vía de financiación cuando su banco le ha denegado un préstamo. Y se lo ha denegado no porque la empresa no esté en disposición de devolverlo sino porque los márgenes con los que las entidades financieras han tenido que jugar durante los años de crisis han desbaratado su negocio tradicional. Y la mayoría, todavía no se han adaptado. Ahí, es donde aparecen empresas como la francesa Lendix, instalada en España hace apenas unos meses.
“Nosotros no vamos a dar luz verde a un préstamo al que el banco va a decir que no, sería muy arrogante pensar así. Es más bien que ofrecemos unas ventajas para las empresas que nos vienen a ver, que son las que están en un momento de su vida en el que el banco no les responde satisfactoriamente”, explica Grégoire de Lestapis, CEO de Lendix. Estas ventajas a las que se refiere Lestapis se podrían resumir en tres: rapidez, sencillez y creación de confianza. “Los bancos, por el proceso y la regulación que tienen, tardan entre tres y ocho semanas en otorgar el crédito a una empresa. Nosotros, una semana. La sencillez también es importante: no ponemos restricciones operativas, no pedimos productos vinculados. Analizamos la empresa, analizamos su capacidad de repago de la deuda, y le otorgamos un préstamo, siempre y cuando estemos convencidos de que lo va a reembolsar, porque del otro lado no es que esté Lendix, es que están inversores particulares, que participan en la economía real y que quieren ayudar a una empresa a financiar un proyecto de crecimiento”, señala Lestapis.
Esta doble figura, la de una empresa que necesita líquido para crecer y unos inversores particulares, no una entidad sin nombre ni apellido, es lo que genera la tercera derivada: la confianza. “Yo creo que la confianza entre entidades tradicionales y empresas se ha dañado durante la crisis, no porque los bancos quisieran ser los malos de la película, sino porque han tenido un entorno donde el regulador les ha puesto muchas trabas a la hora de gestionar su cartera”, asegura el CEO de Lendix. “Y eso ha dejado la puerta abierta a jugadores que sí ofrecemos esa confianza. Un ejemplo: los directivos de Lendix invertimos el 5% de cada uno de los créditos que decidimos otorgar. Es para que la gente confíe, para que sepa que creemos en ese proyecto porque nuestro dinero también está ahí dentro”.
Posibilidades de expansión
La posibilidad de crecimiento del sector es enorme, al menos sobre el papel. Un estudio reciente de la Universidad de Valencia que asegura que solo el 22% de las Pymes españolas buscan financiación alternativa a la bancaria, en contra del 70% de las PYMES en EEUU o el 45% en Francia. Una de dos: o las pymes españolas no lo acaban de ver claro o a este tipo de financiación, complementaria más que alternativa a la bancaria, le queda mucho recorrido.
Eso si el marco jurídico español – y europeo – se afana en ponerse al día de las nuevas prácticas financieras y aprueba unas reglas seguras y claras para todos los actores que entran en juego. “Podemos decir que efectivamente no hay un marco de conjunto para el llamado sector fintech. Aunque sí que es verdad que lo que llamamos plataformas de financiación participativa, como las de cowdlending y crowdfunding, sí que tienen su propia legislación en España”, aclara Miguel Linares, socio director de Linares Abogados. “Es cierto que la UE no se ha adelantado al mercado para crear una normativa homogénea como podría pasar con otro tipo de entidades como sería con los bancos”.
Esto es un auténtico escollo porque, por ejemplo, significa que las plataformas de financiación participativa no pueden beneficiarse de lo que llamamos ‘pasaporte europeo’, la figura legal para las empresas con la que si se consigue una licencia en uno de los países de la UE se puede operar en el resto.
En cambio, sí que están sometidas a estrictos controles normativos con lo que su actividad no es nada fácil. “Están sometidas, por ejemplo, a la prevención del blanqueo de capitales, a la normativa de protección de datos, a la de transparencia, a la de servicio de pago, que puede parecer algo sencillo, pero es de las normativas más delicadas… y eso es solo una parte”, señala Linares.
Para el socio director de Linares Abogados está claro que este tipo de plataformas de financiación lo tienen más complicado a la hora de conseguir una licencia de actividad. En el caso de España, por ejemplo, “los supervisores lo miran todo con mucho más detalle y hay que pasar por dos entidades supervisoras, no por una como las entidades tradicionales: tienen que conseguir primero una licencia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y después otra con el Banco de España, para poder gestionar los cobros y pagos que los inversores realizan a la plataforma y los que esta realiza a los prestatarios. Lo mismo para el proceso inverso”.
Esto nos sitúa en un tiempo de unos seis meses para que una de las nuevas empresas fintech puedan conseguir una licencia, “sin que se complique la cosa”, apunta Linares. Esta alta burocratización conlleva, en estos momentos, una derivada: tras el Brexit, muchas de las empresas fintech asentadas en la City londinense gracias a un ecosistema más que favorable para este sector perderán su ‘pasaporte europeo’. Si España redujera el tiempo requerido para conseguir una licencia, sería un buen candidato para que estas empresas ‘huérfanas’ recalaran aquí.
