Con la vista puesta sin duda en las próximas elecciones generales de 2019, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó ayer unas cuentas para este año “de un marcado carácter social y de redistribución de la riqueza”. Con un techo de gasto de casi 120.000 millones, las pensiones se llevan casi el 41% del total de las políticas de gasto, un 3,7% más que en 2017.
De izq. a dcha., Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos; Crist´bal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública; y José Enrique Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda
Núria Ribas / @oikit
Menos combativo que otros años – quizás porque, cosa inaudita, no tiene asegurados los votos suficientes para aprobar los Presupuestos-, el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, presentó ayer en el Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018. Montoro apeló a la responsabilidad de todos los grupos políticos para sacar adelante lo que su equipo, con Alberto Nadal como principal escudero, definió como “los presupuestos más sociales de la historia”. Pensionistas y funcionarios se llevan este año el mayor porcentaje de gasto público, entre reducciones fiscales y aumento de prestaciones y retribuciones.
Y aunque Montoro afeó a la oposición que “jugara políticamente” con las pensiones, todo el proyecto de ley y la presentación del mismo son un guiño constante a los millones de pensionistas que en los últimos meses han ocupado la calle para protestar contra la política social del Gobierno.
A ellos – y a la función pública, dos de los principales caladeros de votos de los populares – van dirigidas estas cuentas que miran de reojo las próximas elecciones generales del año que viene. Así, dentro del gasto social, la partida más relevante son las pensiones, con un incremento de 5.188 millones de euros respecto el ejercicio 2017 hasta situarse en los 144.834 millones.
Justo el día en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitía a trámite la demanda presentada por Colectivo Ronda en representación de un pensionista contra la subida de las pensiones por debajo del IPC. El Gobierno asegura que, con las cuentas de 2018, que incluyen la rebaja del IRPF para más de un millón de personas, 3 de cada 4 pensionistas “van a tener una mejora en su renta bastante superior al 0,25% que garantiza por ley el sistema”.
Un sistema que, según Montoro, “de ninguna manera está quebrado”. “El déficit de la Seguridad Social es del 1,4%, cierto. Pero no se puede magnificar este déficit como ahora se está haciendo en España”, protestó airado el ministro de Hacienda. “Los que magnifican este déficit miran a la Seguridad Social como si fuera un régimen propio y no es verdad. La Seguridad Social, y por tanto las pensiones, está asegurada por el Estado. El fondo de reserva de la SS no es una hucha, es un apunte contable entre Administraciones”.
Un crecimiento nominal del 4,3%
Tanto el aumento en la partida de las pensiones y de la revalorización de los sueldos de los funcionarios, como otras partidas “sociales” (becas, formación dual, Sistema Nacional de Garantía Juvenil, etc), se sustentan en una previsión de crecimiento del 4,3% del PIB nominal (la previsión para el PIB en términos reales es del 2,7%). “Esto, y la mejora del mercado de trabajo que lleva consigo que la partida destinada a pagar prestaciones de desempleo descienda nuevamente, en un 3,4%, permite que tengamos unos 800 millones de euros más para gasto que en 2017”, explicó el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.
“Lo que buscamos con estas cuentas es seguir propiciando crecimiento económico y que este crecimiento alcance a todas las capas sociales, especialmente a aquellas que no pueden acceder a rentas a través del sector privado y dependen del Estado”, explicó Nadal.
Por su parte, Montoro dejó claro que las políticas que están haciendo son las mismas que se hicieron en la anterior etapa de gobierno popular, las de 1996. Esa supuesta dicotomía entre la gestión a través de aumentar el déficit de los gobiernos socialistas frente a la gestión a partir de la austeridad de los ejecutivos populares fue destacada por Montoro varias veces en la presentación de las cuentas.
Unas cuentas que a partir de hoy inician su tramitación parlamentaria y que, previsiblemente, no superarán las enmiendas a la totalidad que se votarán a finales de abril, principios de mayo. Entonces llegará el momento de las negociaciones y las cesiones por parte del Gobierno para conseguir esos cinco votos que le faltan para aprobar el proyecto de Ley. De momento, el Ejecutivo tiene el apoyo del PP, de Ciudadanos y de Coalición Canaria. El PNV se niega a negociar mientras esté vigente el 155 en Catalunya. Y el PSOE mantiene su postura de no apoyar las cuentas por considerarlas, justamente, “antisociales”. Podemos tampoco está por la labor. Y con los grupos catalanes de la Cámara, a nadie se le ocurre ni planteárselo.
Preguntado por si Hacienda tiene margen para negociar y qué pasaría si finalmente no se consiguen esos cinco votos que faltan, Montoro eludió responder directamente e insistió en la responsabilidad de todos para aprobar las cuentas y “aplicar las medidas sociales que estas recogen”.
