La subida de un 3,1% del presupuesto destinado a Justicia en los Presupuestos Generales del Estado 2018 presentados el martes por Hacienda no parece que vaya a amansar a la judicatura. Hoy, a las 13.00h, se inicia el periodo de movilizaciones pactado por las cuatro asociaciones de jueces y magistrados y las tres de fiscales. La próxima reunión con el Ministerio está prevista para el próximo 11 de abril sin que, de momento, se conozca ni siquiera el orden del día. Desde Justicia, guardan silencio.
Núria Ribas / @oikit
La consigna es compartida por el conjunto de asociaciones de Jueces y Fiscales españolas: las sucesivas reuniones con el Ministerio de Justicia han sido una tomadura de pelo y no se ha conseguido ni uno de los 14 puntos (más 4 demandas exclusivas de los fiscales) que reivindica la judicatura. Así que hoy, a las 13.00h, tendrá lugar la lectura de un manifiesto ante las sedes de Fiscalías y Audiencias Provinciales.
En Madrid, está prevista una lectura conjunta en Plaza Castilla, aunque desde las diferentes organizaciones de jueces, magistrados y fiscales no se tienen prospecciones de qué seguimiento tendrá la primera acción. La primera de una batería de protestas que, de no remediarse, culminará en una huelga el 22 de mayo.
“No ha habido ningún tipo de avance con el Ministerio. En la última reunión sí hubo un representante del ministerio de Hacienda [paso clave para hablar en serio de retribuciones], pero no hubo avance ninguno”, explica Ignacio González, portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia. Un extremo que reitera Emilio Fernández, presidente de la Unión de Fiscales Progresistas. “La próxima reunión está convocada, todavía no de manera formal, para el próximo 11 de abril”. Jueces y Fiscales, sin embargo, no tienen todavía orden del día. Desde Justicia, consultados, guardan silencio.
Casi 2.000 millones de euros para 2018
Quizás el Ministerio capitaneado por Rafael Catalá esperaba que las cifras dadas por los Presupuestos Generales del Estado 2018, presentados este martes por Cristóbal Montoro, dieran un respiro a la tensa relación con la judicatura. Serán casi 2.000 millones de euros (exactamente, 1.926 millones de euros), un 3,1% más que en el ejercicio 2017.
Desde el Ministerio se asegura que estas cuentas van a permitir convocar 300 nuevas plazas para jueces y fiscales y más de 3.700 para los distintos Cuerpos de la Administración de Justicia. Otra de la partida que destaca el equipo de Catalá es la dedicada a luchar contra la Violencia de Género dentro de los acuerdos alcanzados en el Pacto de Estado: 58,8 millones de euros. Una cifra que ya ha sido criticada por diversos colectivos por escasa.
Y a pesar de que una de las peticiones de los fiscales es parar en seco la digitalización de la Justicia por “ineficiente y caótica”, estos presupuestos incluyen nada menos que una inversión de 131,3 millones de euros para proseguir con la “transformación digital de la Administración de Justicia”. Para el Ministerio es básico “consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital, diseñar el nuevo sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos y reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales”, entre otras actuaciones.
En el capítulo de retribuciones, uno de los grandes caballos de batalla entre las asociaciones profesionales y el Ministerio, el capítulo de gasto de personal aumenta un 2,5% respecto a las cuentas del pasado ejercicio. Esta dotación, según Justicia, “se traducirá en un aumento retributivo del 1,75 para el personal de la Administración de Justicia”.