Ayer, la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF y la Universidad Pontificia Comillas, han organizado un desayuno de trabajo en el que expertos jurídicos y tributarios han analizado la reciente modificación de la sentencia del Supremo sobre el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
En el encuentro posterior con la prensa, Ignacio Arráez, delegado de AEDAF para Madrid – Zona Centro, ha recalcado: “los asesores fiscales estamos descontentos con cómo se ha hecho todo y creemos que era necesaria una mayor reflexión antes de publicar una norma basada en una sentencia cuyo contenido completo no conoce nadie, porque la precipitación al legislar puede causar errores técnicos.”
Arráez ha recordado la postura de AEDAF durante la presentación del encuentro: “desde el punto de vista técnico, la sentencia inicial es absolutamente correcta, ya que había sido dictada por los magistrados que conforman la sección especializado en derecho tributario; sin embargo, la nueva sentencia, al haber sido dictada por el Pleno de la Sala, implica que la decisión ha sido tomada por magistrados que no están especializados en temas tributarios. Es preocupante que magistrados especialistas en otras áreas del derecho hayan impuesto su criterio sobre los magistrados especialistas en derecho tributario.”
Por su parte, Ramón Casero, profesor de Derecho Financiero y Tributario de Comillas ICADE, y abogado en los casos sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados resueltos por el Tribunal Supremo, ha hecho hincapié en que “es en garantía del ordenamiento jurídico que se modifica la doctrina. Si la doctrina contiene errores, hay que corregirla. Las tres sentencias son acertadas si se analizan desde diferentes criterios, y la que atribuye que el pago de este impuesto es atribuible a los bancos no es populista, sino que se ciñe al derecho tributario. Desde que se declaró su nulidad ya estaba el daño hecho”.
Antonio Alonso, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Comillas- ICADE, ha analizado la sentencia desde el punto de vista contencioso –administrativo para llegar a la conclusión de que: “es oportunista y precipitada la decisión del Gobierno de modificar este impuesto, aunque el Supremo se lo ha dejado ‘a huevo’”. Y ha añadido: “ante la duda y la inseguridad jurídica generadas, el asunto no está ni mucho menos cerrado. Casi con toda seguridad los bancos conseguirán repercutir estas cantidades a los ciudadanos de otras formas.”
Francisco Javier Alonso, vicedecano de Asuntos Económicos, Institucionales e Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE ha sido el moderador de este encuentro.
