POR UNA JUSTICIA DEMOCRÁTICA

Publicado el miércoles, 19 diciembre 2018

Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE.

El Congreso de los Diputados debate esta semana una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que excluiría al Parlamento del procedimiento de elección de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esta situación se produce después de semanas en las que se ha hablado de una eventual renovación del Consejo e incluso se ha llegado a poner en marcha el proceso de elección de las personas llamadas a ejercer esta responsabilidad.

En este tiempo hemos sido testigos de cómo, desde muchos sectores de la población y desde algunas formaciones políticas se reivindicaba, supuestamente en aras de la independencia judicial, procedimientos de selección de los miembros del Consejo que no contaran con el aval del Parlamento. Se trata de un debate que no es nuevo, ya que se remonta a 1985, y que tiende a reaparecer siempre que la confianza en las instituciones democráticas se resiente. Es, en definitiva, un debate bajo el que se esconde un desprecio hacia las instituciones representativas que es sumamente preocupante en el momento actual.

ADADE, Asociación comprometida con el principio democrático y los valores recogidos en la Constitución, no puede permanecer al margen de este debate. Mediante este comunicado quiere hacer constar su posición a favor de una Justicia respetuosa con el Estado de Derecho y con el sistema constitucional del que forma parte. Es preciso reivindicar, ahora más que nunca, la existencia de un Poder Judicial conectado con la sociedad, legitimado democráticamente en su actuación y en el que todos los sectores del ámbito jurídico cuenten con canales reales de participación.

ADADE considera que el debate sobre el modelo de Justicia que se pretende edificar debe partir de una reflexión profunda con la vista puesta en la defensa del interés general y del funcionamiento de nuestro Poder Judicial. Por ese motivo, el punto de partida debe ser la necesidad de que el debate sobre la renovación del Consejo se afronte de manera sosegada alejándose de tacticismos electoralistas. Es legítimo que existan distintos puntos de vista sobre cómo se debe configurar un órgano como el CGPJ. Lo que no es legítimo es que haya formaciones que bloqueen una renovación de un órgano de semejante importancia, incumpliendo de esa forma los plazos establecidos en la Constitución y en la Ley, únicamente para ganar un puñado de votos empleando consignas tan sencillas como falsas. Y mención aparte merece la actitud de aquellos que en un principio alcanzaron un compromiso de renovación del Consejo para, de la noche a la mañana, romperlo y decidir que quieren promover una reforma en el proceso de selección de los vocales. Quienes demuestran tan poco respeto por las instituciones faltan también al respeto a los ciudadanos y a la propia Democracia.

En estos tiempos en los que la antipolítica se abre camino, es fácil explicar que la participación del Parlamento en la elección de los miembros del CGPJ debe desaparecer como forma de defender la independencia judicial. Pero esta afirmación es rotundamente falsa por muchos motivos. El primero de ellos es que la independencia judicial reconocida en el artículo 117 de la Constitución no es predicable del Consejo, sino de todos y cada uno de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional. Se trata de una garantía de que los miembros del Poder Judicial, en el momento de dictar sus resoluciones, se sometan únicamente al imperio de la Ley, y no a ninguna otra influencia o presión externa. Pretender que la participación de los representantes de la soberanía nacional en la designación de los vocales judiciales del Consejo atenta contra la independencia de los Jueces y Magistrados supone una descalificación a la profesionalidad de los integrantes del Poder Judicial, que día a día ejercen su trabajo de manera íntegra en la aplicación del Derecho.

Para garantizar que se preserva la independencia el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos efectivos, ya estén reconocidos en la Constitución (como la inamovilidad), en la Ley Orgánica del Poder Judicial (como el régimen de incompatibilidades) o en el Código Penal (como el delito de prevaricación). El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 108/1986, reconoció que el procedimiento parlamentario de designación no suponía ningún quebranto de la independencia, dictando así una doctrina que probablemente deberían tener en mente quienes se suben ahora a la corriente de la antipolítica para poner en cuestión el procedimiento de nombramiento de los vocales del CGPJ.

El principal motivo que tiene ADADE para oponerse a la reforma que pretende imponerse es que la eventual exclusión del Parlamento en la designación de la mayoría de los vocales del CGPJ daría lugar a un Consejo más endogámico y cerrado a las propuestas de cambio que necesita nuestra Justicia. La participación de las Cortes Generales en la elección de todos los vocales enriquece el procedimiento y permite hacer llegar al Consejo las demandas presentes en la sociedad española. En un momento en el que se observa un creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la Justicia (que se ha visto notablemente agravado con episodios como el que se ha producido en el Tribunal Supremo a raíz de la tributación a que se someten las operaciones hipotecarias) sería una irresponsabilidad fortalecer el corporativismo y el aislamiento del Consejo imponiendo un procedimiento de selección de la mayoría de sus miembros ajeno al sentir de la sociedad española expresado en las urnas.

Al afrontar este debate conviene tener presente que las Cortes Generales representan al pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Por ese motivo, excluir al Parlamento de este importante procedimiento supone, en cierto modo, excluir la Democracia. Es evidente que muchos de los que pretenden cambiar el procedimiento de elección lo hacen porque saben que otros sistemas más cerrados serán más beneficiosos para sus intereses. Sin embargo, desde ADADE hacemos un llamamiento a todas las formaciones políticas a que operen con responsabilidad en esta cuestión. Vivimos un período turbulento, en el que se ponen en duda los consensos básicos de nuestro modelo de convivencia y desde algunos sectores incluso se cuestiona nuestra Democracia parlamentaria.

Es necesario poner fin a esta peligrosa retórica. El procedimiento vigente, que exige a todos los vocales un amplio consenso parlamentario, ha permitido la elección de profesionales de prestigio que han realizado importantes aportaciones al mundo del Derecho. El problema, en definitiva, no está en el sistema de elección de los vocales, sino en el uso que los partidos políticos hagan del mismo.  Nada garantiza que otro procedimiento dará lugar a vocales mejor preparados o más independientes. Lo que es seguro es que serán vocales menos vinculados al sentir de los españoles expresado en las urnas. Y hacer retroceder la Democracia es raramente una estrategia de éxito.

Dice el artículo 117 de la Constitución que la Justicia emana del pueblo. ADADE considera que este precepto es un mandato para que el procedimiento de designación de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial cuente con la participación de las Cortes Generales, foco de la legitimidad democrática de nuestro sistema constitucional y órgano que, por su pluralismo y carácter representativo, mejor puede impulsar la modernización que necesita nuestra Justicia. Es preciso que todas las formaciones políticas operen con responsabilidad y defiendan un procedimiento de selección que sea plenamente respetuoso con la Constitución y las demandas de nuestra sociedad.

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