Las puertas del Colegio de Abogados de Madrid se han abierto hoy de par en para escuchar al presidente de la Comunidad de Madrid en el Foro Justicia ICAM, una iniciativa de la abogacía madrileña para aumentar su peso en la sociedad civil y convertirse en un referente en los grandes temas de actualidad. El evento, en el que Ángel Garrido ha repasado los avances logrados en la Justicia madrileña durante su mandato, ha convocado en la corporación a destacados representantes del ámbito político, jurídico, profesional y académico, así como a un gran número de colegiados y medios de comunicación.
Tras agradecer la presencia de Garrido en unos momentos de tensión política y de agitación en las calles de Madrid por las protestas del taxi, el decano José María Alonso ha puesto en valor el esfuerzo de la Junta de Gobierno del Colegio para, con este tipo de actos, “dignificar nuestro oficio, para restaurar nuestro orgullo y para compartir un protagonismo útil a la sociedad”.
En línea con ese objetivo, el protagonista de esta segunda edición del Foro Justicia ICAM ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, “un auténtico compañero de viaje”, en palabras del decano, que “ha comprendido los problemas de la Abogacía y con el que hemos conseguido muchas cosas”, como los pagos mensuales al Turno de Oficio o las mejoras realizadas en las instalaciones de los juzgados de Plaza de Castilla, según ha explicado.
En un contexto de creciente escrutinio sobre las instituciones del Estado, Alonso ha recordado que la abogacía desempeña una función de vital importancia en nuestro sistema democrático: “la abogacía tiene que defender el imperio de la ley”. En ese sentido, Alonso ha afirmado con determinación que el Colegio de Abogados de Madrid no tolerará “actuaciones que pongan en duda nuestro Estado de derecho, que pongan en duda la independencia e imparcialidad de nuestra judicatura, o que pongan en duda que este es un país donde la seguridad jurídica prima por encima de cualquier otra circunstancia”.
Diálogo y presupuestos
Tras ser presentado por la directora de publicaciones de Tirant Lo Blanch, María José Gálvez, Ángel Garrido ha asegurado que comparte con los abogados “una misma vocación de servicio” con la Justicia, ya que “uno de los objetivos fundamentales del Gobierno regional es ofrecer seguridad jurídica a nuestra sociedad, haciéndola así más libre y más justa”.
En esa labor, Garrido ha enumerado los logros conseguidos durante su etapa al frente de la Comunidad, haciendo especial hincapié en la voluntad de diálogo con todos los actores del mundo de la Justicia y en el esfuerzo presupuestario. Prueba de esa voluntad de diálogo, ha explicado, son los numerosos acuerdos alcanzados, “el primero de ellos con los Colegios de Abogados y Procuradores y el más transversal, la Mesa del Pacto de la Justicia, en la que partidos políticos, jueces, fiscales y colegios profesionales se han sentado a hablar con el Gobierno”.
Respecto al presupuesto, y teniendo en cuenta las dificultades atravesadas durante la crisis por muchos de los profesionales del ámbito jurídico, Garrido ha reivindicado un esfuerzo más allá de las buenas palabras del que dan fe las cuentas públicas para 2019, “donde la Justicia alcanza la cifra histórica de 500 millones de euros, con un incremento de más de 20 millones respecto a 2018 (un 4,2%), en coherencia con la evolución de toda la Legislatura”.
Gracias a este esfuerzo, ha destacado, se ha podido atender mejor la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que han visto aumentado su presupuesto un 50%, además de haber recuperado en tres años la rebaja del 20% aplicada a los baremos de 2012.
Concentración de sedes
Para lograr que Justicia cumpla el papel que le corresponde en un Estado de Derecho, Garrido ha valorado los esfuerzos realizados desde su Gobierno para dotarla de más medios, tanto humanos como materiales. Así, además de abrir una nueva etapa de diálogo con los sindicatos, se ha apostado por modernizar y humanizar las instalaciones, “porque una Justicia que no es cercana o que no protege a las víctimas no es digna de tal nombre”, y concentrar las sedes judiciales.
En este punto, el decano José María Alonso ha solicitado un mayor esfuerzo para reducir la dispersión actual que tanto dificulta la labor de los letrados, interpelando a Ángel Garrido sobre el proyecto de Ciudad de la Justicia, un proyecto que sigue contando con la voluntad del Gobierno regional a la espera de lo que determinen los tribunales. “Creemos en el modelo de concentración de sedes”, ha subrayado Garrido, y si no puede ser mediante la Ciudad de la Justicia, “será a través de otro proyecto”.
Finalmente, tanto José María Alonso como Ángel Garrido han valorado muy positivamente la puesta en marcha de una Consejería específica para impulsar las políticas de Justicia, cuya creación fue una de las primeras medidas que adoptó como presidente: “Si la justicia madrileña ha mejorado, se debe en buena parte al trabajo de Yolanda Ibarrola”, ha reconocido Garrido.