Tres modelos para la Justicia madrileña Desde el optimismo hasta la recentralización, pasando por su reconocimiento como servicio público

Publicado el jueves, 23 mayo 2019

La Justicia es una de las grandes olvidadas, junto a la Educación y la Cultura -aunque parezca increíble- en los debates electorales que con profusión se han celebrado en España en los últimos dos meses. Así que para saber qué modelo tiene cada formación para algo tan fundamental como la Justicia, instituciones como el CGAE (Consejo General del Poder Judicial) y el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) han organizado varios debates entre los candidatos a las generales, a las municipales y a las autonómicas. El último, ayer en la sede del ICAM, con los candidatos a la Comunidad de Madrid de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos Unidas, Más Madrid y Vox.

Núria Ribas / @oikit

Imagen del debate sobre Justicia celebrado en el ICAM con los representantes autonómicos de Más Madrid, Ciudadanos, PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox / N.R.

La primera realidad paralela – habitual en los debates electorales – que los candidatos pusieron sobre la mesa es el estado actual de la Justicia en Madrid. Desde el PP, la actual consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, aseguró que “la Justicia en Madrid goza de muy buena salud”. Su apoyo parlamentario en esta legislatura que ahora acaba, Juan Trinidad de Ciudadanos, nadó y guardó la ropa afirmando que “los profesionales de la Justicia en Madrid gozan de buena salud, pero no es el caso de las infraestructuras y las dotaciones”.

En el polo opuesto, el representante de Vox, José María Figaredo, que reivindicó recentralizar la Justicia porque “actualmente, con la Justicia transferida en buena parte de las Comunidades Autónomas, cada autonomía hace lo que le da la gana con el presupuesto destinado a Justicia. Ese es el problema. Ese, y que hay una sumisión al poder político y ejecutivo”.

En un término intermedio, se situaron con matices distintos los representantes de PSOE, de Unidas Podemos y de Más Madrid. Las tres formaciones de izquierda comparten el diagnóstico de que no se ha abordado todavía una auténtica reforma de la Justicia en la Comunidad de Madrid. “Y eso que hace 16 años que tenemos transferida la competencia”, recordó Pilar Llop, del PSOE. “No existe un modelo de justicia madrileña. Y lo necesitamos”.

Para Jacinto Morano, de Unidas Podemos, “cualquier promesa que se plantee aquí, si no va acompañada de un presupuesto, no sirve para nada. Somos la Comunidad Autónoma que sufre más tiempo de espera para conseguir una resolución fundada en derecho desde que se inicia el proceso. Necesitamos una inyección de inversión pública en la Justicia madrileña, porque la Justicia es un servicio público igual de importante que la educación o la sanidad”.

Esta reivindicación de un modelo de servicio público fue apoyada por la representante de Más Madrid, Alicia Gómez: “Si dotas a la justicia de un presupuesto ínfimo, creas una justicia distante, que no va a tratar bien ni a los funcionarios, ni a los jueces, ni a los ciudadanos”.

Valdebebas todavía colea

Imposible tratar los recursos destinados a la Justicia sin entrar en la cuestión de los alquileres de las sedes judiciales, su concentración y, por tanto, el fiasco que todavía colea de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Recordemos que este macroproyecto urbanístico, fallido, fue impulsado por la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, pretendía agrupar todos los órganos judiciales de Madrid, excepto los estatales. Se gastaron unos 130 millones de euros para nada, porque solo se llegó a construir un solo edificio que nunca ha sido ocupado.

A partir de este fiasco, la Comunidad de Madrid alquiló distintos edificios, como los de la calle Albarracín, donde se concentran los juzgados de penal. Alquileres altos, a largo plazo, algunos pagados tras subastar edificios en propiedad de la Comunidad de Madrid. El problema es que los promotores de la Ciudad de la Justicia recurrieron el hecho de paralizar las obras. El recurso está ahora en el Tribunal Supremo.

Y ayer, Juan Trinidad, de Ciudadanos, lanzaba esta pregunta a la consejera Ibarrola: “Si el Supremo acaba fallando que la Ciudad de la Justicia debe acabarse, ¿la Comunidad de Madrid deberá seguir pagando estos alquileres por todo Madrid, aunque las sedes judiciales se trasladen a Valdebebas?”. Ibarrola salió por la tangente, no respondió y reivindicó, eso sí, que el presupuesto para Justicia en Madrid durante esta legislatura ha pasado “de 393 millones al inicio a los 500 al final. Esto es compromiso con la Justicia. Como los cursos de formación a los que han asistido 900 funcionarios, como las reformas en muchos de nuestros juzgados, como los 52 millones destinados a digitalización”.

Sobre el autor
Núria Ribas

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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