Javier Cremades valora el RDL 16/20020

Publicado el jueves, 30 abril 2020

El presidente de Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades hace una valoración del RDL 16/20020 sobre la agilización de la Justicia.

Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association

 

El nuevo Real Decreto-ley 16/2020, de 28 d3 abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, parece ser un paso   más en la senda emprendida por el Gobierno de utilización de ese instrumento excepcional  y de huida del procedimiento legislativo ordinario de toda democracia.

Serán en el plano doctrinal los profesores y especialistas en derecho constitucional, y en el plano jurisdiccional los jueces y tribunales de la Jurisdicción ordinaria, y en última instancia el Tribunal Constitucional, los que en definitiva deberán pronunciarse sobre si el RDL que nos ocupa se ha atenido a los límites que le fija el artículo 86 de la Constitución y la abundante doctrina al respecto del supremo intérprete de la Constitución.

Desde luego no podemos contentarnos con la argumentación del capítulo III del Preámbulo con la que trata de justificarse el empleo de ese excepcional tipo de norma, argumentación cuyo contraste con la doctrina constitucional precisaría un análisis en profundidad, que un comentario de urgencia como este no permite. Aunque tampoco nos parece conveniente un simple acto de fe en los argumentos de justificación del autor del RDL.

Baste aquí , simplemente, con llamar la atención sobre ciertas dificultades que el RDL suscita, tanto desde el límite circunstancial de la extraordinaria y urgente necesidad, como desde el límite sustancial  de la veda de afectación al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado y a los derechos deberse y libertades de los ciudadanos regulados en el Título primero de la Constitución,

Por lo que hace al límite de la extraordinaria y urgente necesidad debe llamarse la atención en que el RDL se refiere  a situaciones  de un futuro inmediato, por muy inminente que sea, situadas en un momento temporal respecto al que no puede darse por sentado que el Congreso de los Diputados no pudiera habilitar una adecuada regulación de esas situaciones por procedimiento de urgencia . Piénsese, por indicar una de esas situaciones de futuro, en la habilitación del mes de agosto, con la que se deja sin efecto, nada menos, que lo dispuesto en una Ley Orgánica: el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No puede negarse que un proyecto de Ley de tramitación urgente permitiría perfectamente  al Congreso de los Diputados regular lo que el RDL regula al respecto. Y en esa misma línea, en relación con el concurso de acreedores el RDL regula situaciones referidas hasta  tres meses después del cese del estado de alarma, de de hasta seis meses del cese del estado de alarma, de hasta año después de la declaración del estado de alarma o incluso de dos años de esa declaración

Y en cuanto al límite sustancial antes referido, ha de tenerse en cuenta que la legislación procesal no es sino la configuración u ordenación del ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva ( art 24 CE) . El Tribunal Constitucional continuamente viene afirmando que el derecho de tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de configuración legal; y esa configuración se la dan precisamente las leyes procesales.

Según el artículo 53 CE el ejercicio de los derechos del Capítulo II del Título I, entre los que se encuentra el de tutela judicial efectiva, solo puede regularse por ley . En otros términos, existe constitucionalmente una reserva de ley, que impide que el ejercicio de esos derechos pueda regularse por otra norma distinta de la Ley.

Son estas, consideraciones jurídicas que los operadores jurídicos deberán  sin duda afrontar, para pronunciarse sobre la validez del uso del RDL en este caso, sin allanarse al respecto a lo que “pro domo sua” dice el preámbulo del actual RDL

En cuanto al contenido de éste  no es posible una exposición detallada en esta lugar

.Nos contentaremos con exponer que se ordena en tres capítulos con los títulos respectivos de “Medidas Procesales urgentes “, el primero ; “ Medidas concursales y societarias”, el segundo y  “Medidas organizativas y tecnológicas”,el tercero.

Simplemente cabe decir aquí que se incluyen una serie de disposiciones de carácter

general, no referíbles a ningún tipo de proceso concreto, como la habilitación del mes de agosto, desde el día 11; el modo de cómputo de los plazos procesales suspendidos por el RD de declaración del estado de alarma, que se reiniciarán desde el día inicial del plazo; la ampliación del plazo para recurrir las resoluciones que pongan fin al procedimiento, notificadas durante el terciado de alarma o dentro de los veintidós días hábiles  siguientes a la suspensión de los plazos suspendidos; la celebración de actos procesales por medios telemáticos; la dispensa de la utilización de togas durante el estado de alarma y durante tres meses después de su terminación; el establecimiento de  jornadas laborales de mañana y tarde para los letrados de la Administración de Justicia y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia durante el estado de alarma y hasta tres meses después; el refuerzo de letrados de la Administración de Justicia y alguna otra.

En relación con determinados tipos de procesos son de destacar las disposiciones relativas a la regulación de  un procedimiento sumario en materia de familia; a la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el RDL 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias  para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; tramitación preferente de de determinados procedimientos, y sobre todo, lasmuy importantes medidas referentes a los procedimientos concursales , que llegan ,incluso, a liberar al deudor insolvente de la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 y a disponer que hasta esa misma fecha los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario, mas otra serie de medidas importantes

Además de los 28 artículos de que consta el texto del RDL se incluyen cuatro disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales

 

 

 

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