El Consell de l’Advocacia Catalana ha publicado un comunicado en el qual los decanos y decanas de los 14 Colegios de la Abogacía de Catalunya expresan de forma unánime su posicionamiento ante el Real Decreto Ley 16/20 de 28 d’abril de medidas procesales y organizativas en la administración de justicia, considerando «del todo incongruentes e inapropiadas las medidas establecidas en este texto legal para conciliar y sacar adelante las necesidades que tiene la ciudadanía en la resolución de sus propios conflictos»

En el comunicado el Consell de l’Advocacia Catalana expresa su rechazo a la habilitación parcial del mes de agosto, por ineficaz y contraproducente, señalando que el Decreto «incapaz de encontrar una solución efectiva, que sea fruto de un profundo análisis de las causas del mal funcionamiento de la justicia, relativiza y obvia el derecho al descanso y de conciliación de la vida familiar de todos los operadores jurídicos, entre los que se incluye la abogacía».

COMUNICADO DEL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA

El Consell de l’Advocacia Catalana, órgano representativo de los 14 Colegios de la Abogacía de Catalunya, teniendo en cuenta las premisas establecidas en el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, considera del todo incongruentes e inapropiadas las medidas establecidas en este texto legal para conciliar y sacar adelante las necesidades que la ciudadanía tiene en la resolución de sus propios conflictos.

El RDL pretende utilizar el paro circunstancial del COVID-19 para hacer frente a la incorrecta articulación del cuerpo judicial para resolver el colapso endémico de la Justicia. Y incapaz de hallar una solución efectiva, que sea fruto de un profundo análisis de las causas del mal funcionamiento de la justicia, relativiza y obvia el derecho al descanso y de conciliación de la vida familiar de todos los operadores jurídicos, entre los que se ‘incluye la abogacía.

Por lo cual, la voz de la abogacía no puede ser obviada y, en este caso, la Abogacía Catalana manifiesta que:

PRIMERO.- La habilitación del mes de agosto, concretamente el número de 14 días hábiles, distribuidos en tres semanas, de lunes a viernes, no pueden solucionar las carencias del sistema judicial, ya de por sí apretado de procedimientos para resolver, y congestionado debido a falta de medios y de inversiones, ya los que debemos sumar días de inoperancia judicial entre el mes de marzo y julio de 2020, sin ningún tipo de actuación.

La Abogacía Catalana rechaza contundentemente la adopción de estas medidas que impone el RDL 16/2020, y sobre todo la que habilita las dos terceras partes del mes de agosto, porque demuestran la falta de conexión del Ministerio de Justicia con la realidad donde se encuentra el verdadero problema endémico y estructural del sistema de justicia, que debe ser resuelto con las aportaciones y el consenso de todos los operadores jurídicos y muy especialmente de la Abogacía.

SEGUNDO.- La conciliación familiar y el hecho de mantener el mes de agosto como mes de vacaciones no es el único motivo que mueve a la Abogacía Catalana para mantener su inhabilitación. El motivo va mucho más allá, como es la necesidad de administrar y gestionar la justicia en términos de igualdad entre todos los operadores jurídicos para que las oficinas judiciales cuenten con todo su personal para llevar a cabo un trabajo realmente efectivo para la ciudadanía.

TERCERO.- Más allá de las valoraciones, del todo negativas, de la habilitación del mes de agosto, y en relación a las medidas de seguridad que merecemos todos los operadores jurídicos, la Abogacía Catalana considera necesario recordar que no todos los espacios donde se imparte justicia han sido debidamente habilitados para cumplir con las disposiciones sanitarias publicadas últimamente, ni siquiera cumplen con los medios tecnológicos o con el personal conocedor de las herramientas informáticas adecuadas para llevar a cabo el procedimiento judicial cumpliendo con el correspondiente protocolo sanitario, lo que ha puesto de manifiesto que tenemos una justicia obsoleta.

La abogacía es un pilar que sostiene a la administración de justicia y viste la toga con la misma dignidad que todo el resto de sus operadores jurídicos, protegiendo los derechos de la ciudadanía, por lo que debe ser escuchada.

Estamos dispuestos, como los que más, a hacer lo que corresponda para paliar los efectos de la crisis motivada por el COVID-19 a la administración de justicia, aunque exigimos, pero, el mismo tratamiento que se dispensa en el propio Real Decreto al resto de operadores jurídicos, a los que se les garantiza, sin lugar a dudas y como no podría ser de otra manera, su legítimo derecho de descanso y la conciliación de la vida laboral y familiar.