ALTODO denuncia que continua la privatización del servicios de orientación jurídica municipal en Madrid

Publicado el martes, 2 junio 2020

Altodo, Asociación de Letrados y Letradas por u Turno de Oficio Digno, denuncia que sigue la privatización del servicios de orientación jurídica municipal en Madrid con el Anuncio Previo del proceso de licitación. La asociación resalta que el Ayuntamiento de Madrid sigue con la licitación en plena pandemia sanitaria y con “covicidad”.

COMUNICADO  ALTODO

CONTINÚA EL PROCESO PRIVATIZADOR DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL INICIADO POR MANUELA CARMENA

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=jg72viqZD0Grz3GQd5r6SQ%3D%3D

Con “covicidad” y alevosía, en plena pandemia sanitaria, el Ayuntamiento de Madrid ha publicado con fecha 8.4.2020 en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con Número de Expediente 300/2020/00424, el Anuncio Previo del proceso de licitación del llamado Servicio de Orientación Jurídica en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia en el municipio de Madrid”, más conocido como Servicio de Orientación Jurídica Municipal para Extranjeros (SOJEM), que si los Tribunales no lo impiden, correrá la misma suerte que el ya privatizado “Servicio de Orientación Jurídica Gratuita Generalista para personas usuarias de los Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid” (más conocido como “SOJ MUNICIPAL”), que fue sacado a concurso público y adjudicado finalmente a una empresa privada denominada LAW AND BUSINESS ENTERPRISES WORLDWIDE, S.L., (“LABE ABOGADOS”), liderada por el abogado vinculado al sindicato “Manos Limpias”, Pedro Muñoz Lorite.

En aquella ocasión, los actuales regidores municipales se excusaron en que la privatización había sido iniciada por el anterior equipo dirigido por Manuela Carmena, y que el nuevo equipo municipal no podía detenerla, quedando a la espera de lo que resolvieran los Tribunales. Excusa que no podrá ser argumentada en esta ocasión, puesto que este nuevo intento privatizador ha sido iniciado por el actual gobierno municipal presidido por el alcalde José Luis Martínez Almeida, actuando del mismo modo que su predecesora.

El proceso de adjudicación está previsto se inicie el 8 de julio de 2020, por un valor estimado del contrato de 742.156,16 EUR, amparándose en la Directiva 2014/24/EU sobre Contratación Pública,

Como ya denunciamos en nuestros comunicados de 24 de mayo, 2 de julio 19 de agosto, 22 de septiembre y 31 de octubre de 2019, emitidos con ocasión de la privatización del SOJ MUNICIPAL para personas mayores, de seguir adelante el proceso de licitación, el SOJEM dejará de estar prestado por una Corporación de Derecho Público con más de 400 años de existencia, dotada de las necesarias notas de permanencia, independencia, solvencia, calidad, control deontológico, imparcialidad y objetividad, mediante un sistema de convenios por cuya virtud el Ayuntamiento prestaba diversos espacios y aportaba una cantidad económica anual vía subvención, y el Colegio aportaba su infraestructura administrativa y de gestión, y un equipo de abogados altamente cualificados y previamente seleccionados al efecto mediante examen, y pasará a ser prestado por la entidad privada que resulte adjudicataria.

Como en aquella ocasión, esta Asociación desea poner en conocimiento de la ciudadanía y de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, lo siguiente:

1º) La “subasta al mejor postor” de este servicio público es contraria a la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita (LAJG), que establece un principio de exclusividad a favor de los Colegios de Abogados, en tanto que Corporaciones de Derecho Público, tanto para prestar el servicio de asesoramiento u orientación previo al proceso, como para prestar el servicio de información y tramitación de solicitudes de justicia gratuita.

2º) Dicha Ley, en conexión directa con las leyes de Competencia Desleal y Libre Competencia, ninguna de las cuales constan derogadas, contempla como única excepción al libre mercado en la prestación de servicios jurídicos (incluido el mero asesoramiento jurídico), la prestación gratuita de esos mismos servicios merced a la inyección de fondos  públicos única y exclusivamente a favor de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, o a favor de aquellos colectivos a quienes, con independencia de su nivel de recursos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita les reconozca el derecho. Y siempre y cuando el prestador de esos servicios gratuitos sean los Colegios de Abogados, en ejercicio de las exclusivas competencias que la Ley les otorga. Todo lo demás es competencia desleal.

4º) “El Estatuto General de la Abogacía Española, en su artículo 4º apartado 1.d) enumera las funciones de los Colegios de Abogados, entre las que se recogen: “Organizar y gestionar los servicios de asistencia jurídica gratuita y cuantos otros de asistencia y orientación jurídica puedan estatutariamente crearse”.

5º) La Directiva 2014/24/UE, relativa a la contratación pública, en la que afirma basarse el consistorio para iniciar el proceso de licitación, ya fue infructuosamente invocada por el Gobierno de Aragón como excusa para intentar privatizar el Servicio de Atención a Maltratadas (SAM); en su art. 10, excluye de su ámbito de aplicación a las concesiones de servicios de asesoramiento jurídico.

Precisamente por ello, la Ley de Contratos del Sector Público en vigor desde marzo de 2018, aclara en su Preámbulo que “los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, …. u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios”, y en sus Art. 6 y 11 excluyen las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público”,  y “la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios”, sin que en su Disposición Derogatoria Única y en sus Disposiciones Finales conste derogación ni modificación alguna de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

6º) Desconocemos aún las bases del concurso, pero mucho nos tememos que las mismas no garantizarán que la entidad adjudicataria no vaya a utilizar el servicio como plataforma publicitaria y de captación de asuntos, garantía que sí ofrece el Colegio de Abogados, en tanto que Corporación de Derecho Público dotada de adecuados mecanismos de control deontológico, y de herramientas eficaces para prevenir y evitar el “tráfico de influencias”.

7º) La asistencia y apoyo en la tramitación de la solicitud de justicia gratuita es una competencia atribuida en exclusiva a los Colegios por la LAJG, como también lo es el mero asesoramiento u orientación jurídica, si el mismo se presta con fondos públicos, pues obvio es que todo ciudadano que acude al servicio desea recibir asesoramiento sobre si tiene o no derecho a hacer valer una determinada pretensión ante los Tribunales o mediante formas alternativas de solución de conflictos. Por tanto, todo asesoramiento es previo a un eventual proceso, de ahí que, aunque pretendiera camuflarse su contenido y finalidades con el fin de usurpar esa competencia al Colegio de Abogados, se trata del mismo asesoramiento u orientación previa al proceso contemplado en el Art. 6.1 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita como una de las prestaciones en que puede concretarse el beneficio.

8º) Como bien afirmó el Colegio de Abogados en el recurso interpuesto frente al proceso privatizador del SOJ MUNICIPAL generalista, “…Si el Ayuntamiento de Madrid considera oportuno o conveniente ofrecer un servicio de orientación jurídica a sus ciudadanos a través de los servicios sociales municipales, debe concertar la prestación del mismo con la entidad competente para prestarlo, es decir, con el ICAM, tal y como lo ha venido haciendo hasta la fecha y cuya fórmula es compatible con las competencias que en materia de justicia ostenta la Comunidad de Madrid existe un vínculo – calificable de directo y estrechísimo – entre los Servicios de Orientación Jurídica y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que el Ayuntamiento de Madrid no ostenta competencia para la implementación, al margen del ICAM, de Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, sino la potestad de interesar del ICAM la implementación de dichos Servicios y colaborar en la financiación de los mismos a través de la suscripción del correspondiente convenio de Colaboración, como ha ocurrido hasta la fecha de manera pacífica, incluso bajo la vigencia de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Los Ayuntamientos pueden, si lo desean, colaborar con los Colegios de Abogados, aportando fondos y espacios físicos mediante convenio y subvención nominativa directa, pero en modo alguno pueden sustituirlos, ni directamente, ni por medio de una entidad que resulte adjudicataria en un proceso de licitación pública.

9º) El Artículo 15 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal considera desleal «prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de leyes”, y añade que «tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial». La actividad concurrencial en el ámbito de la justicia gratuita está regulada por una ley estatal, la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que atribuye competencia exclusiva a los Colegios de Abogados para prestar servicios jurídicos gratuitos con fondos públicos única y exclusivamente a favor de quienes tengan derecho a la justicia gratuita, e incluida la prestación del Art. 6, 1º de dicha Ley, es decir, el asesoramiento u orientación previa al proceso.

Por su parte, el Art. 63 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia sanciona las infracciones muy graves de la normativa sobre competencia desleal con multa de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total de la empresa infractora, es decir, el 1 por ciento del presupuesto municipal y el 10 por ciento de la facturación anual de la empresa adjudicataria.

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Por todo lo cual, instamos a la corporación municipal a que desista del procedimiento de licitación o concurso público y retome el sistema de subvención nominativa directa para los ejercicios futuros, firmando un nuevo convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para que esta Corporación de Derecho Público pueda seguir prestando con plenas garantías de calidad, solvencia, objetividad e independencia el servicio de orientación jurídica gratuita a los ciudadanos madrileños en materia de extranjería y en supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia, tácitamente prorrogable por anualidades sucesivas a fin de evitar nuevas incertidumbres, por tratarse de un servicio público esencial estrechamente vinculado con el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad con quienes tienen medios que no puede quedar al albur de que el concurso pueda quedar eventualmente desierto, o pueda ser prestado por entidades privadas que persigan  intereses mercantilistas o de mercado, o sin los indicados criterios de independencia, solvencia, calidad y permanencia.

En caso contrario, nuestra Asociación iniciará una nueva campaña de prensa, con nuevas concentraciones togadas y actos de protesta, recurrirá ante los Tribunales este nuevo intento privatizador, como ya hizo con la privatización del SOJ MUNICIPAL generalista, por considerarlo contrario a Derecho, y denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Ayuntamiento de Madrid y a la entidad que resulte adjudicataria por posible competencia desleal.  

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