El arbitraje y la mediación fueron las alternativas propuestas para la resolución de conflictos ante la lentitud y estancamiento de los procesos judiciales, según expertos abogados de familia reunidos por ISDE.
“Ha llegado el momento de los profesionales. El confinamiento no es la causa de los males que aquejan a nuestro sistema judicial, sino solamente un factor más de los que aumentan un colapso que ya existía”. Luis Zarraluqui, socio director del bufete Zarraluqui Abogados de Familia, fue tajante respecto a la situación de los juzgados en este periodo de crisis: “Se establecen una serie de medidas a cargo de asesores y expertos de diversa índole, pero no se consulta a los abogados que viven la profesión día a día, y eso hay que cambiarlo”.
El abogado insistió en que los juicios tardan meses en realizarse, lo que conlleva retrasos en las negociaciones, y en ocasiones el vencimiento de los plazos conduce a alcanzar acuerdos precipitados. Los malos acuerdos originados a partir de aquí solo generan mayor conflictividad. Para paliar estos retrasos y agilizar la justica, Zarraluqui propuso que los fiscales de familia ejerzan de jueces en determinadas ocasiones, pues considera que están capacitados para ello. También propuso el arbitraje para la resolución de conflictos, formar árbitros seleccionándolos entre abogados, fiscales y profesionales de la judicatura con años de experiencia.
Durante el tercer webinar organizado por ISDE y moderado por Delia M. Rodríguez, directora del Máster de Derecho de Familia e Infancia en ISDE, se reunieron cuatro representantes de reconocidos despachos de abogados de familias, para debatir en torno al tema Crisis económica tras el COVID19: consecuencias en el Derecho de Familia con especial mención a los traslados unilaterales y sustracción de menores.
A este respecto, Carolina Marín Pedreño, que ejerce en Inglaterra como socia en Dawson Cornwell: The Family Law Firm, señaló que la paralización de la justicia en España durante la crisis del COVID 19 podía ser considerada por los tribunales británicos como una falta del derecho al acceso a la justicia para los menores y así utilizado para fallar a favor del progenitor que reclame la custodia desde Reino Unido. Pedreño aseguró que el sistema judicial británico ha implementado los juicios telemáticos con mayor naturalidad que España.
Ana Clara Belío, socia directora en ‘ABA Abogadas’, reconoció que la crisis económica que ha causado despidos y ERTE afectará sin duda a los acuerdos de pensiones alimenticias, pero incidió en que esta situación no necesita de nuevas normativas o procedimientos, ya que al aplicarlas a los afectados por despido durante el estado de alarma se causaría desigualdad respecto a los sin empleo ya existentes antes de ésta, por lo que es necesario dar salida a los procedimientos ya en marcha. Recordó que para los juzgados de familia de Madrid “no procede la compensación de visitas no disfrutadas o estancias no realizadas”, ya que estos casos de fuerza mayor no pueden crear una ley nueva, por lo que habrá que buscar entonces una solución para cada caso en la que siempre debe imperar el interés superior del menor.
La socia directora en Antequera de Jáuregui Abogados, Susanna Antequera, defendió la mediación como una autentica forma de solución de conflictos familiares, y no solo como un medio para agilizar la justicia. “Hay que concienciar a la pareja que deben negociar y en la medida de lo posible llegar a un acuerdo lo más beneficioso para ambos”. La sesión informativa de mediación debería establecerse con carácter obligatorio para los conflictos familiares. En lo relativo a la sustracción del menor por parte de uno de los padres en custodia compartida, comentó la existencia de un caso en que el custodio al perder el empleo decidió buscar refugio en el domicilio paterno, los abuelos del menor, abandonando ciudad y provincia en contra de las medidas de custodia decretadas, y solo la oportuna intervención del juez pudo evitarlo.
Vicente Tovar, socio director de Vicente Tovar Abogados, denunció la lentitud de la Justicia. El magistrado actualmente en excedencia se quejó de las múltiples pegas que los juzgados, reacios a novedades, se plantean ante la actual situación sanitaria y sus medidas. Cuando no objetan la incapacidad de sus salas para mantener el distanciamiento de seguridad, plantean carecer de la tecnología adecuada. Tovar recalcó que el interés superior del menor no es un objeto abstracto, sino concreto y personal, y que por tanto hay que valorar caso por caso. En lo referente al traslado unilateral, habría que justificar y acreditar el traslado, y asegurarse de que el menor no perderá la relación con ninguno de sus progenitores.
Aunque la independencia de la Justicia debe prevalecer, es importante también establecer una serie de pautas que sirvan a los jueces como guía para unificar sus diferentes criterios a la hora de afrontar estos temas.
