Personal de apoyo del Ministerio Fiscal

Publicado el miércoles, 17 junio 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

Como ya hemos visto en varias ocasiones el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional, que está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) Somos un operador jurídico imparcial, garante de la legalidad y protector de los más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad.

Escarlata Gutiérrez MayoEste artículo tiene como objeto analizar la plantilla del Ministerio Fiscal y el escaso personal de apoyo con que contamos para atender a nuestras funciones, que no se ciñen exclusivamente al ámbito penal.

Aunque la mayor parte de nuestra labor la realizamos en el orden jurisdiccional penal, donde intervenimos en todas las fases del proceso (instrucción, enjuiciamiento, y ejecución) también actuamos, como protectores de los más vulnerables, en otros órdenes jurisdiccionales. En el orden jurisdiccional civil, fundamentalmente en derecho de familia, intervenimos para proteger el superior interés de los hijos menores, así como en los procedimientos para determinar la capacidad de las personas. También tenemos una importante función en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios, así como en defensa del interés social. Del mismo modo actuamos en los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y laboral cuando se alegue la vulneración de derechos fundamentales.

Por lo que se refiere a la plantilla de Fiscales, la misma es inferior a otros países de nuestro entorno. De este modo mientras que en Europa el número de Fiscales cada 100.000 habitantes es de 11, llegando en países como Portugal a 14.23; en España es de 5.22, llegando en algunas Comunidades Autónomas como Castilla La Mancha a 3.9 fiscales por 100.000 habitantes. Aunque es cierto que en otros países los fiscales son los encargados de la instrucción, sigue llamando la atención la desproporción en la plantilla. Pero además esto, donde se aprecia una notable diferencia con otros países es en el escaso personal de apoyo con que contamos en las Fiscalías españolas.

Teniendo en cuenta los datos que  nos ofrece el Informe elaborado por la Fundación Hay Derecho sobre “La Fiscalía: propuestas de mejora desde una perspectiva europea comparada”[1], donde compara nuestro sistema con los de Alemania, Italia, Francia y Portugal, “si tenemos en cuenta la totalidad de los empleados de la Fiscalía5, es decir, si tenemos en cuenta no solo a los fiscales sino también al personal de apoyo, Portugal es el que cuenta con un número de personal más elevado, 29 por cada 100.000 habitantes, seguido por Alemania con 21, Italia con 18 y, por último, España con tan solo 9. Esta situación merece destacarse en cuanto a que apunta a una cierta disfunción en la organización interna de la fiscalía española, pues no contar con personal de apoyo suficiente supone sobrecargar a los fiscales con tareas (de tipo burocrático, estadístico, organizativo, etc.) que pueden resultar ajenas a sus funciones propias. “

Continúa el informe señalando que al tener en cuenta el número total del personal de la Fiscalía y no solo el número de fiscales, España se coloca en el último lugar debido a que el personal de apoyo es mucho menor que el que existe en el resto de los países. Así, por cada fiscal existen 0,79 personas de apoyo, mientras que Italia cuenta con 4,24. Estos datos parecen indicar que comparativamente los fiscales españoles deben realizar más tareas de tipo organizativo y burocrático que sus colegas de los países analizados, lo que probablemente resulta en una organización del trabajo más ineficiente, habida cuenta que en España los fiscales deben desempeñar todas las tareas que en otros países se dividen entre los distintos empleados.

Concluye este estudio, en lo que se refiere a este punto, señalando que “es importante resaltar que el personal de apoyo en la fiscalía (que también existe en otros países bajo distintas figuras) tiene un papel importante en la medida en que pueden asumir una cantidad de tareas de gran importancia cuantitativa, de manera que se reduzcan notoriamente las obligaciones de los fiscales de atender a tareas menores en detrimento de sus funciones más relevantes. Pensemos por ejemplo en tareas de gestión o estadísticas o de búsqueda de documentación que pueden ser asumidas fácilmente por ayudantes de los fiscales. Y recordemos que en España si tenemos en cuenta el personal de apoyo, contamos con los medios humanos proporcionalmente más reducidos.”

Efectivamente, y como destaca acertadamente este informe, uno de los problemas esenciales de la falta de medios dentro del Ministerio Fiscal reside en nuestro personal de apoyo, tanto cuantitativamente, porque este personal es muy escaso en comparación al resto de países de nuestro entorno (incluidos aquellos países donde los fiscales tampoco tienen atribuida la instrucción) como cualitativamente por el tipo de funciones que asumen, que son de mero trámite y no suponen una descarga real del trabajo de los fiscales que no es propiamente jurídico y que podría ser realizado por este personal de apoyo.

Esta situación se ha visto agudizada en aquellos territorios en los que se ha implantado Justicia y Fiscalía Digital, habida cuenta que el programa con que trabajamos los fiscales en la plataforma digital provoca que tengamos que realizar muchos trámites meramente de gestión que suponen una pérdida de tiempo. Es decir, en estos territorios la situación de falta de apoyo al fiscal en lugar de haberse paliado, se ha incrementado.

En mi opinión, sin perjuicio de la necesidad de aumentar la plantilla de fiscales, sería esencial crear una verdadera Oficina Fiscal con personal que asuma funciones que no sean de mero trámite, bajo la supervisión y dirección del fiscal correspondiente, tales como búsqueda de documentación y jurisprudencia, elaboración de documentos, tareas estadísticas o meramente burocráticas. Con ello permitiríamos, como ocurre en otros países, que los fiscales pudiésemos dedicarnos al aspecto jurídico de los asuntos, mejorando en definitiva la prestación de nuestra función y la eficiencia del sistema.


[1] https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2018/11/FHD_ComparativaFiscaliasVFINAL.pdf

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