El Fiscal como protector de las víctimas

Publicado el miércoles, 1 julio 2020

Escarlata Gutiérrez Mayo, Fiscal – No solo acusamos.

Siempre resalto de la figura del Fiscal que se configura como garante de la legalidad y protector de los más vulnerables, como los menores y las personas con discapacidad.

Escarlata Gutiérrez MayoComo protector de la parte más vulnerable en un proceso penal, el Ministerio Fiscal tiene un papel esencial en la protección y tutela de las víctimas. Así se configura en el artículo 3.10 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), que establece que corresponde al Ministerio Fiscal, entre otras funciones, “la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas”

Las víctimas en el proceso penal pueden personarse como acusación particular (artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pero, aunque no lo hiciesen el Ministerio Fiscal vela por sus derechos y si hubiese perjuicios y ésta reclamase, ejercemos las acciones civiles derivadas del delito con el fin de conseguir su resarcimiento. Del mismo modo, durante la instrucción de la causa podemos interesar la adopción de medidas cautelares para la protección de las víctimas, incluso aunque éstas no las solicitasen, como la orden de protección en los supuestos de violencia de género y violencia doméstica, o la prisión provisional.

En materia de protección de las víctimas, se dictó la Instrucción 8/2005 de la Fiscalía General del Estado, relativa al deber de información en la tutela y protección de las víctimas en el proceso penal, que establece en su introducción que:

“El proceso penal no puede ser contemplado exclusivamente desde la perspectiva de la necesaria tutela de los intereses de la sociedad y de las garantías del acusado, sino también y de modo relevante, como instrumento de reparación del daño moral y patrimonial que la víctima ha recibido por el hecho delictivo. Reparación que no puede ser fuente de más daños para la víctima, tratando de evitar una victimización secundaria.

La víctima, en el no siempre fácil camino para lograr la reparación del daño inferido por el hecho delictivo, tiene que sentirse amparada. Protección y atención con respeto a su dignidad, a su derecho a declarar y ser informada, a comprender y a ser comprendida, a ser protegida en las diversas fases de las actuaciones.”

Esta instrucción se centra tanto en el deber de informar a las víctimas en todas las fases del proceso, (incluida la información pre-procesal) como en el papel del Ministerio Fiscal para garantizar que se produce esa información efectiva a la víctima.

Sin duda un cambio de paradigma en este terreno se produjo con la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito (en adelante, EV), cuyo artículo 3 establece:

“Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso”

Según su Exposición de Motivos, el Estatuto de la Víctima tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, no obstante, las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. Se parte de un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados.

Este EV otorga un papel activo al Ministerio Fiscal para la protección y tutela de las víctimas, en especial cuando éstas son menores de edad o personas con discapacidad, así se prevé en el artículo 19 “En el caso de las víctimas menores de edad, la Fiscalía velará especialmente por el cumplimiento de este derecho de protección, adoptando las medidas adecuadas a su interés superior cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso.” Y el artículo 26 se prevé que el Fiscal recabe al Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de la víctima para que le represente en la investigación y en el proceso penal en los casos en los que exista conflicto de intereses con los representantes legales de la misma. Sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 225/2020, de 25 de mayo, remarcando que en estos supuestos no puede asumir esa función el Fiscal.

El hecho de que los Fiscales velemos por los intereses de las víctimas no está reñido con nuestra imparcialidad. De manera que si practicada la instrucción de la causa, no resultan indicios de la comisión del delito ni de sus responsables, interesamos el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. En estos casos, si la víctima no está personada como acusación particular, el artículo 12 del EV prevé que se comunique la resolución de sobreseimiento a la misma por si quisiese recurrirla, estableciendo nuestra Instrucción 8/2005 que el Fiscal instará y velará por que se realice efectivamente dicha comunicación al perjudicado.

Por otra parte, existe un derecho de las víctimas reconocido en el artículo 4 EV que resulta esencial y que nos vincula a todos los operadores jurídicos: el derecho a entender y a ser entendidas. Esto implica que las resoluciones que se le notifiquen, así como nuestros informes en que solicitamos la adopción de una medida cautelar, o cualquier otra actuación procesal, deben elaborarse en un lenguaje accesible y comprensible para las mismas.

A efectos organizativos, existe una Fiscal de Sala Delegada para la protección de las víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, quien de manera encomiable se encarga de la organización de la actuación del Ministerio Fiscal en el marco del proceso penal para asegurar la protección de las víctimas. En coordinación con ésta, en cada Fiscalía Provincial existe un Fiscal Delegado de Víctimas. Si bien debido a la falta de medios personales existente en el Ministerio Fiscal, esta tarea no es asumida por compañeros con exclusividad, compaginándola con el resto de sus funciones. Sería necesaria una ampliación de plantilla de Fiscales y de personal de apoyo para que cada especialidad pueda asumirse con exclusividad, dedicándole el tiempo y los medios necesarios.[1]

Me gustaría concluir resaltando que en nuestro ordenamiento jurídico la figura del Fiscal, sin perder su naturaleza imparcial, tiene encomendada la protección y tutela de las víctimas, en especial de los menores y de las personas con discapacidad. No sería necesario la introducción de ninguna otra figura pública para proteger sus derechos e intereses, que se encuentran perfectamente salvaguardados con nuestra intervención, y sin perjuicio de que éstas puedan personarse en el proceso como acusación particular, si lo estiman conveniente.


[1] Sobre el papel del Ministerio Fiscal como protector de las víctimas recomiendo leer los artículos de mis compañeros Fiscales Roberto Valverde y Pedro Díaz Torrejón:

https://confilegal.com/20180705-el-ministerio-fiscal-es-garante-de-la-legalidad-como-protector-de-la-victima/

Susana Gisbert:

https://conmitogaymistacones.com/2014/08/24/victimas-el-valor-del-dolor/

Sofía Puente:

https://elpais.com/elpais/2018/06/25/opinion/1529928676_772662.amp.html?prm=ep-app

 

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